ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Un experto en discapacidad asegura que el Sistema de Servicios Sociales en España adolece de importantes déficits históricos

17.11.2006

• Bayarri: “nuestro sistema no ofrece ni garantiza a las personas con discapacidad los servicios específicos que requieren”

 

• Cózar: “aun existe una resistencia de muchas consejerías a aceptar la transversalidad de las políticas para la discapacidad, lo que hace que no se hable de derecho subjetivo.”


El experto en discapacidad Victor Bayarri considera que el Sistema de Servicios Sociales en España “adolece de importantes déficits históricos, referente a las condiciones legislativas, la calidad y la dotación de recursos”. Estas declaraciones las ha hecho en su intervención en las II Jornadas de CERMIS Autonómicos, que se celebran hasta hoy en Sevilla.

 

Según sus datos, España dedica el 22’4% de su PIB a políticas de protección social, “mientras que en la UE es del 28’7%, llegando en algunos países como Dinamarca al 33’6%” Sin embargo, cuando nos ceñimos a los recursos destinados a la protección de la dependencia el déficit se acentúa, pues “nuestro país tan sólo dedica un 0'33% del PIB a gasto público en servicios sociales de atención a personas con dependencia”.

 

Bayarri ha asegurado que “el sistema de servicios sociales no ofrece ni garantiza a las personas con discapacidad los servicios específicos que requieren”. Para defender su idea ha argumentado que “el marco jurídico actual de los servicios sociales no garantiza su universalización y calidad, puesto que ninguna Ley Autonómica de Servicios Sociales incorpora los elementos básicos para la consecución de sistemas de servicios sociales universales y de calidad, así como ningún Estatuto de Autonomía equipara los servicios sociales a los niveles de garantía de los otros pilares del Estado de Bienestar”. Para Bayarri, esto responde a que las transferencias de las competencias del Estado a las Comunidades Autónomas se hicieron mal y a las diferencias en las aportaciones por territorios.

 

Según el experto, en este momento contamos con algunas oportunidades como la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección de las personas en situación de dependencia, cuyo reto es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Para convertir las oportunidades en hechos, Bayarri ha señalado que “existe la necesidad de reivindicar ante los poderes públicos, agentes sociales y la sociedad en general un nuevo  marco constitucional, nuevas Leyes autonómicas, una planificación de los Servicios Sociales adecuada y un claro compromiso presupuestario.”

 

Posteriormente ha tenido lugar la mesa redonda “La participación de los CERMIS Autonómicos en las nuevas leyes de servicios sociales en proceso de elaboración”, que ha contado con la participación de los presidentes del CERMI de la Comunidad Valenciana, Carlos Laguna, del CERMI Cantabria, Alfondo Tazón, y del CERMI Andalucía, Mari Ángeles Cózar.

 

Cada representante ha expuesto las normativas regionales y la implicación del movimiento asociativo regional en cada caso. Así, Carlos Laguna ha destacado que a principios del año 2005 el Gobierno Valenciano presentó un texto legal que sustituirá al existente ahora, donde se pretenden recoger las nuevas necesidades de las personas con discapacidad. Para ello, “la administración autonómica ha contado con el CERMI-CV para que analizase el texto y favorecer así las iniciativas y propuestas que teníamos”. Laguna también ha querido destacar que desde su entidad pretenden que “los artículos dedicados a los sectores en riesgo de padecer violencia, como las mujeres o los menores, se haga mención también a las personas con discapacidad”.

 

Por su parte, Alfonso Tazón ha hablado de cómo el gobierno regional tiene la intención de cambiar la “situación tan precaria” que vivían las personas con discapacidad en Cantabria hasta hace unos años. “Durante la presente legislatura, nos han presentado un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, al que hemos aportado más de 100 enmiendas, donde se establecen mejoras notables para aumentar los recursos destinados y la descentralización de éstos, medidas para paliar la falta de participación del movimiento asociativo, etc.”  Según Tazón “valoramos que se hayan dado estos pasos para intentar cambiar esta situación de desigualdad.”

 

La presidenta de CERMI Andalucía, Mari Ángeles Cózar, ha hecho un recorrido desde 1999 sobre la normativa existente en esta materia y la implicación del Comité regional. Según Cózar, en Andalucía, “la Ley es amplia y cuenta con una participación importante en los presupuestos”, sin embargo, “no llega al desarrollo del derecho subjetivo”, ya que, como ha apuntado, “nos hemos atascado en desarrollo legislativo, pues no existen reglamentos, tan sólo el que hace referencia a la accesibilidad, que, además, está parado”. Cózar también ha apuntado que “aun existe una resistencia general de muchas consejerías a aceptar la transversalidad de las políticas para las personas con discapacidad, lo que hace que no se hable de derecho subjetivo.”

 

Tras la mesa redonda, María Soledad Pérez Domínguez, ponente del Proyecto de Ley y Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha explicado el proceso de desarrollo de la Ley de Dependencia “que sale con una serie de planteamientos iniciales, como un derecho y que ha tenido una serie de incorporaciones muy importantes de ser conocidas”.

 

En este sentido ha comentado que se han hecho mejoras como que esta Ley es “un derecho subjetivo de la persona en situación de dependencia por el mero hecho de ser ciudadano español”. Además desaparece la referencia a los menores de tres años y se deja bien claro que ningún ciudadano en situación de dependencia puede quedar fuera del sistema por falta de recursos. “Nuestra apuesta en esta ley ha sido por un sistema público pero concertado con la iniciativa privada; dentro ha habido un reconocimiento a la iniciativa sin ánimo de lucro y es la primera vez que aparece en un texto legislativo definido qué es el tercer sector social”.

 

La ley ha salido “muy reforzada del Parlamento pero he de deciros que esta no era una ley para la discapacidad”, ha reconocido la diputada socialista quien ha finalizado su intervención diciendo que “queda mucho por hacer” y ahora debéis centrar el trabajo en “cómo se va a estructurar en cada Comunidad Autónoma la articulación del programa individual”.

 

Estas Jornadas, bajo el lema “Hacia unos nuevos derechos sociales de la discapacidad”, han sido organizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), junto a CERMI Andalucía. Su objetivo es poner en común las acciones y experiencias del movimiento asociativo de la discapacidad de las distintas Comunidades Autónomas, así como de las medidas legales realizadas en cada región.

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