ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Un avance histórico

29.12.2006

Miguel Ángel Cabra de Luna, vocal en representación del CERMI del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad


El 13 de diciembre de 2006 se adoptó por la Asamblea General de la ONU la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico vinculante y exigible a la hora de hacer valer los derechos de 650 millones de personas en el mundo.

 

Este histórico tratado internacional, que sitúa la discapacidad en el plano de los derechos humanos, servirá para dar visibilidad al sector de las personas con discapacidad (10% de la población mundial) dentro del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y en la sociedad en general.

 

La Convención obligará a los estados que la ratifiquen, una vez llegue al número de 20 ratificaciones, a afirmar políticas de no discriminación y medidas de acción positiva, así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan actuar en cada ámbito de la vida de manera independiente.

 

Se trata de la primera Convención del siglo XXI, en cuyo proceso de negociación, el más rápido en la historia del derecho internacional, hay que subrayar el trabajo conjunto del gobierno y de la sociedad civil, reflejo de su compromiso con las personas con discapacidad.

 

En este sentido, el Real Patronato sobre Discapacidad ha desarrollado una gran labor desde la Subcomisión de Expertos sobre la Convención de la ONU, compuesta por representantes del ámbito gubernamental, Dña. Encarnación Blanco Egido, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y D. Atonio García Roger, del Ministerio de Asuntos Exteriores; del académico, Dña. Agustina Palacios y Don Francisco José Bariffi, de la Universidad Carlos III de Madrid; y del asociativo, Dña. Ana Peláez Narváez (Cermi), D. Stefan Tromel Sturmer (European Dissability Forum), D. Jose Javier Soto Ruiz (Fundación Tutelar de Extremadura) y D. Miguel Ángel Cabra de Luna (Cermi y Fundación ONCE), presidente de esta Subcomisión elaboradora de los informes intermedios y final que han servido de base a la delegación española, contribuyendo al posicinamiento común de España y de la Unión Europea durante las negociaciones, y que seguirá colaborando con su ejemplar dedicación a la difusión y aplicación de la Convención.

 

Este apoyo manifiesto del Gobierno debe ahora continuar haciéndose efectivo convirtiendo a España en uno de los primeros países en ratificar la Convención y el Protocolo que la complementa.

 

Firma que se podrá llevar a cabo a partir del 30 de marzo de 2007, tras lo cual se deberán producir los ajustes necesarios en nuestro ordenamiento jurídico para que sea efectivo promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.

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