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Save the Children muestra su "más rotundo rechazo" a supuestas expulsiones de niños con discapacidad en campamentos

04.07.2019

FUENTE: EUROPA PRESS

Save the Children ha mostrado este jueves 4 de julio su "más rotundo rechazo" tras las supuestas expulsiones de dos niños con discapacidad de sendos campamentos de verano. "Es discriminatorio", ha denunciado a Europa Press la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.
 
El primero de los casos, que está siendo investigado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ocurrió el pasado fin de semana cuando una niña de 11 años con una discapacidad asociada a un retraso madurativo fue expulsada de un campamento de verano en Aldeaduero (Salamanca).
 
En una rueda de prensa para presentar el estudio 'Violencia Viral' de Save the Children, Ana Sastre ha expresado el rechazo de la organización "a que no se pongan las medidas necesarias para que esa niña disfrute del campamento como cualquier otro niño, atendiendo a las necesidades que tiene". "En principio, y sin conocer profundamente el caso, es ilegal", ha afirmado.
 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha abierto un expediente informativo para investigar si hubo negligencia por parte de los técnicos municipales en la presunta expulsión de un niño de seis años con Trastorno Espectro Autista (TEA) de la Escuela Polideportiva municipal.
 
"El derecho de inclusión y no discriminación es esencial. Los campamentos, los colegios, tienen obligación de adaptar y hacer accesibles todas las actividades, los contenidos que se hagan", ha defendido en la rueda de prensa la directora de Políticas de Infancia de Save the Children.
 
El Defensor del Pueblo en funciones ha solicitado información a la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid por la presunta discriminación de la niña de 11 años, mientras que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid para que abra una investigación con el objetivo de dilucidar si los hechos pueden ser constitutivos de una vulneración de los derechos fundamentales.
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