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Portavoces parlamentarios exponen sus opiniones sobre la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y defienden el sentido de sus enmiendas

14.08.2006
  • Al encuentro acudieron María Salom, del Grupo Popular, Emilio Olabarría, del Grupo Nacionalista Vasco, Carles Campuzano, de CiU, Carme García, de IU-IC Verds, y Esperanza Esteve, del Grupo Socialista.
  • CiU y PNV han presentado sendas enmiendas a la totalidad del Proyecto y el Partido Popular 140 enmiendas a la Ley.

 

El periódico ‘cermi.es’, el órgano de expresión del CERMI, ha publicado en su último número el contenido de una mesa redonda, que la propia publicación organizó, entre los portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. A este encuentro acudieron María Salom, portavoz del Grupo Popular, Emilio Olabarría, portavoz del Grupo Nacionalista Vasco (PNV), Carme García, portavoz de IU-IC Verds, Esperanza Esteve, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y Carles Campuzano, portavoz en temas sociales y laborales de Convergencia i Uniò (CiU).

 

En el transcurso de la mesa redonda, los parlamentarios se pronunciaron sobre el concepto de derecho subjetivo y universal de esta ley, la financiación y la sostenibilidad del sistema, la fórmula del copago, que despierta discrepancias, así como las áreas competenciales autonómicas, que los grupos nacionalistas vasco y catalán afirman que son "invadidas". Asimismo, expusieron sus argumentos y el sentido de sus enmiendas.

 

Controvertida financiación

 

La financiación fue quizás uno de los temas más controvertidos. La mayoría de los parlamentarios se mostraron escépticos ante el sistema de financiación propuesto en el Proyecto de Ley y con ciertas dudas respecto a su sostenibilidad. María Salom (Grupo Popular) mantuvo que un sistema que dependa de la firma de convenios anuales con los gobiernos autonómicos "no parece muy sostenible. Se firmarán o no se firmarán. ¿Qué pasará con una comunidad que decida no firmarlo? ¿No recibirá aportación económica?", preguntó Salom. A esta cuestión Esperanza Esteve, portavoz del Grupo Socialista, contestó y recalcó que es imprescindible la corresponsabilidad de las comunidades autónomas, porque "la  que quiera recibir dinero del Estado también se tendrá que comprometer a cooperar".

 

Para Carme García, portavoz de IU-IC Verds, el debate sobre la financiación pasó, sin embargo, por asegurar que ellos hubieran apostado "por una ley más consecuente con las competencias y el encuadre constitucional, y que además dependiera directamente de la Seguridad Social". Emilio Olabarría, del Grupo Nacionalista Vasco, también se mostró de acuerdo con esta postura, a lo cual la portavoz socialista contestó arguyendo que es preferible que el sistema forme parte de los Presupuestos Generales del Estado, como lo son la sanidad y la educación, y no de algo tan "fluctuante" como son las pensiones de la Seguridad Social.

 

Para el PP, la financiación tal cual está planteada no es sostenible en el tiempo. "Creemos que en esta ley el señor Zapatero pospone la financiación a futuros gobiernos, que se apañe el que venga. En la práctica no lo sabemos porque la memoria justificativa de esta ley no dice absolutamente nada. Es totalmente inconcreta, pone unas cifras pero nada las justifica", añadió la portavoz popular María Salom.

 

Según Carme García muchos problemas se resolverían si cuando un grupo parlamentario realiza una propuesta la acompañara también de cómo cree que debe ser financiada. La portavoz de IU-IC Verds aseguró que no podemos convivir con partidos que han estado muchos años en el Gobierno y que "ahora digan que esta ley tiene que ser mucho más garantista, que no tiene que haber copago, etc. y no se diga cómo y de qué manera debe hacerse". Se trata por tanto, según García, de "definir qué ingresos y qué gastos tenemos y haber propuestas que sean coherentes con aquellas cuestiones y leyes que queremos desarrollar". Esta propuesta fue aplaudida por la portavoz socialista, quien consideró muy buena la idea de presentar una ley con memoria económica, porque así "es posible discutirla y modificarla". Esperanza Esteve también añadió que "estamos ante una situación dinámica que, con evaluaciones periódicas, tendremos que ir ajustando con el tiempo cuando tengamos mayor conocimiento de cuál es la demanda y los niveles de respuesta".

 

Sobre el polémico copago

 

Otro de los asuntos que generó discrepancias fue el copago. Algunos parlamentarios, como la portavoz  del Grupo Popular, aseguraron que las personas con pocos recursos deben estar exentas del copago y sobre todo que la gran dependencia debe estar cubierta al 100% por recursos financieros del Estado,"por lo tanto exento de copago. El Partido Socialista siempre dice que su modelo a imitar son los países nórdicos, pero en éstos no existe el copago", aseveró María Salom. La propuesta del Partido Popular es que haya un tope máximo en el copago por parte de las personas con discapacidad o dependientes, "que bien pudiera ser el 60 por ciento del coste del servicio", según Salom. En la memoria económica de este Proyecto se dice que los usuarios aportarán unos 3.000 millones de euros en el sistema, "la media de aportación es un 33%  de aportación" pero según la portavoz popular "habrá algunos que pagarán el 99%".

 

Carme García (IU-IC Verds) subrayó que en cuanto a la gran dependencia, la ‘parte hotelera’ –centros de día, residencias, etc...– habrá de ser financiada por el beneficiario, mientras que debería ser gratuita la prestación asistencial porque "eso es lo que garantiza a nuestro entender el derecho subjetivo". Igualmente, Carles Campuzano, portavoz de CiU, subrayó la importancia de que la atención a la gran dependencia sea gratuita, puesto que "la gran dependencia es fundamentalmente sanitaria, debe ser cubierta a través de los servicios sanitarios, con la excepción de la parte hotelera". Sería bueno, en esa línea para Campuzano, que la gran dependencia recibiese esa ayuda porque es la más costosa. Por otra parte, el portavoz de CiU aseguró que el gran objetivo del copago es que las clases medias puedan acceder a los servicios que hoy no pueden recibir.

 

Sobre el copago, la socialista Esperanza Esteve argumentó que cuando se habla de derechos no significa que tengan que ser gratuitos, "¿por qué no puede pagar más quien más tiene?". Sin embargo, en su  opinión, deberá fijarse unos topes para que aquellas personas que están por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) les sea absolutamente gratuito el acceso a todos los servicios."Lo que sí hay que asegurar es que ninguna persona por razones económicas se quede fuera del sistema", espetó.

 

Competencias autonómicas

 

Otro tema que suscitó un gran debate fue el asunto de las competencias autonómicas. De hecho, las enmiendas de CiU y PNV van por este camino. El Grupo Catalán considera, según palabras de su portavoz, Carles Campuzano, que este Proyecto "supone una invasión de las competencias exclusivas autonómicas en materia de servicios sociales." Además cree que "El Estado tiene competencias para establecer un marco general que garantice las condiciones básicas mínimas de igualdad, pero tiene que respetar la libertad de Cataluña de construir su propio modelo de dependencia".

 

En este sentido, y volviendo de nuevo a la financiación, Campuzano aseguró que el hecho de que en Cataluña existiese una red de servicios privados sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro más potente que en la media española llevó a los gobiernos socialistas a dar menos recursos a Cataluña en materia de servicios sociales.

 

Igualmente, el Partido Nacionalista Vasco (PNC) presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad del Proyecto por no estar de acuerdo con sus fundamentos competenciales. Según su portavoz, Emilio Olavaria, el Proyecto "transforma competencias autonómicas exclusivas en competencias compartidas, mediante la invocación de títulos competenciales impropios". Los diputados nacionalistas vaticinan que el Proyecto "vendrá a dislocar" el buen hacer de las administraciones autonómicas en el campo de la asistencia social. Para Olabarría "parte de las competencias exclusivas autonómicas pasan a ser exclusivas del Estado en esta primera franja prestacional". Para la segunda franja, donde compartirán la responsabilidad al 50% Administración central y comunidades autónomas, se desconoce, según Olabarría cuántos convenios se van a firmar, qué comunidades autónomas van a acceder, ni cuál es el nivel de coparticipación en la financiación.

 

A este respecto, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Esperanza Estévez, destacó la importancia de la participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo posterior de tres decretos, que regularán  las prestaciones y servicios, con lo que se completará el texto actual. Sin embargo, "no lo podemos hacer previamente por razones obvias competenciales, que tiene que ver con las condiciones de acceso y la valoración, las prestaciones económicas y la participación de los beneficiarios en el coste", aseveró Esteve.

 

Derecho universal y subjetivo

 

Precisamente estos posibles beneficiarios del sistema, directos e indirectos, fueron también objeto de debate. Y en este punto son muchas las opiniones que se oponen a la denominación de esta Ley como universal. Para el PNV este texto "dista mucho de ser universal", ya que el número de personas dependientes reflejadas en el Libro Blanco de la Discapacidad y Dependencia es de un total de 2.300.000, mientras este Proyecto de Ley persigue proteger alrededor de 1.200.000 aproximadamente. Otros parlamentarios como Campuzano aseguraron en el encuentro que el Proyecto no cubre bien la discapacidad psíquica y la salud mental, porque para ello sería necesario añadir "una definición de actividades instrumentales, que puedan cubrir a estas personas, y garantizar que el baremo las incorpore". Asimismo, según PNV deja fuera a grupos como el de personas autistas o sordociegas, entre otros.

 

En este punto, María Salom (Grupo Popular) preguntó "¿y eso es universal? Estamos hablando del cuarto pilar del Estado del bienestar y vemos que la educación, la sanidad, las pensiones van en una línea, pero el cuarto pilar quedará muy rebajado respecto a los tres primeros pilares". Por eso Salom aseguró que, en su opinión, "el Gobierno con esta ley pretende cubrir lo mínimo, en vez de lo básico". Los populares también pedirán al Gobierno que amplíe la titularidad del derecho, con cobertura a partir de cero años.

 

El papel de la familia en la dependencia

 

Finalmente, abordaron otros temas también relacionados con los beneficiarios y el papel de la familia de la personas con discapacidad o dependencia. Algunas como Carme García (IU-IC Verds) se mostraron tajantes a la hora de afirmar que los derechos deben ser para las personas que tengan el problema, "entendemos que las familias han de tener programas de ayuda y de soporte, como el de respiro, pero en todo caso no es un derecho para las familias". Afirmación que no compartía Emilio Olabarría (PNV) "porque no podemos deslegitimar a la familia como institución, el entorno familia". En cualquier caso, "habrá que reconocer normativamente la libertad de opción", aseguró.

 

En este punto casi todos coincidieron en que debe ser el propio beneficiario el que decida qué tipo de prestaciones, qué tipo de servicio quiere, dónde será atendido y si desea o no un asistente personal. Por todo ello consideran que debe quedar reflejado en la Ley, ya que, como destacó Campuzano (CiU), en ningún sitio en el Proyecto se habla de la libertad de elección, lo que provoca la discrepancia general entre todos los invitados. "Para que la libertad de elección se pueda ejercer, deben existir opciones, y nuestro grupo va a trabajar para que esto sea así", aseguró.

 

Respecto a la atención en el entorno familiar, la portavoz socialista Esperanza Esteve aseguró que tiene que ser excepcional, "porque no queremos un sistema que perpetúe el rol reproductivo de la mujer, que no tenga opción. La mujer debe tener la capacidad de elección". Y en su opinión, la persona siempre debe tener derecho a elegir de entre los servicios asignados a una determinada situación de dependencia, el conjunto de prestaciones que se van a determinar en el catálogo.

 

Organizaciones sin ánimo de lucro o empresas privadas

 

Al hilo de la oferta de prestaciones y servicios surgió también otro dilema, ¿quién debe ofrecer estos servicios? ¿organizaciones sin ánimo de lucro o empresas del sector privado? A este respecto, Olabarría (PNV) señaló que la coparticipación de los beneficiarios "no debe llevar al abuso y enriquecimiento de las entidades financieras", y sobre las organizaciones sin ánimo de lucro, aseguró, que este proyecto "no institucionaliza, bien al contrario las omite totalmente como entidades colaboradoras".

 

Sin embargo, para la portavoz socialista es imprescindible el concurso de las organizaciones sociales, pero también del sector privado con ánimo de lucro "porque acreditan la calidad y un buen servicio". Además, Esperanza Esteve añadió que "aunque quisiéramos ahora improvisar el sistema de servicios, no podríamos, porque en el mercado no existen los servicios necesarios". Es prioritario generar servicios de calidad, evaluables, acreditados, a lo largo de los años, y que mientras tanto la persona pueda tener como compensación una dotación económica equivalente que le sirva para ayuda en el núcleo familiar o la adquisición de servicios necesarios en el mercado privado.

 

No han sido pocas las propuestas ce cambios que los parlamentarios han realizado a esta Ley. CiU y PNV en el Congreso de los Diputados han presentado sendas enmiendas a la totalidad del Proyecto, principalmente porque consideran que se incurre en una "invasión" de competencias autonómicas. Por su parte el PP cree que esta ley es sustancialmente mejorable y por ello ha presentado 140 enmiendas a la Ley.

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