ACTUALIDAD el valor de la unidad 4.32 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Políticas territoriales de discapacidad: tendencias, enfoques

16.11.2005

Editorial de cermi.es noviembre 2005

 

Si hay un hecho reseñable en el desarrollo de las políticas públicas de discapacidad en estos más de veinticinco años transcurridos desde la aprobación de la Constitución Española, es el del creciente protagonismo de las Comunidades Autónomas. Proceso de territorialización política y social aún no concluido –antes al contrario– que ha situado a estos Entes en la primera línea de decisión y responsabilidad en cuanto a la acción pública en materia de discapacidad.

 

Hoy, la mayor parte de las decisiones políticas que se adoptan respecto de las personas con discapacidad residen en las Comunidades Autónomas.

 

Políticas tan relevantes para la plena ciudadanía y la completa normalización de las personas con discapacidad y sus familias, más del 9 por ciento de la población española, como la integración laboral; la promoción de la accesibilidad; la protección social; la atención educativa; la sanidad, etc.; son ámbitos de decisión que están atribuidos con preferencia a las Comunidades Autónomas.

 

Aquí y ahora, no cabe interrogarse por las políticas públicas de discapacidad sin tener en cuenta inmediatamente el referente de las Comunidades Autónomas, de los gobiernos territoriales, en los que se articula España. En el CERMI –la expresión visible de la sociedad civil articulada asociativamente en torno a la discapacidad– así lo hemos entendido y desde hace varios años nos hemos venido dotando de una estructura territorial, los CERMIS Autonómicos, que aspiran a situarse con presencia y voz propias en el centro de las políticas que desde las Comunidades Autónomas se dirigen a las personas con discapacidad y sus familias.

 

Así entendidos,los CERMIS Autonómicos son una plataforma asociativa unitaria de acción política, que da cohesión al sector de la discapacidad y globaliza las actuaciones en favor de la población con discapacidad en general; su campo de acción es la sociedad en general y los poderes públicos en particular, actuando como grupo de presión articulado en defensa de las personas con discapacidad y sus familias del territorio donde actúan.

 

Dado este estado de cosas,la territorialización de las políticas de discapacidad, por una parte, y del sector asociativo que agrupa a estas personas y a sus familias, por otra, en el CERMI nos hemos querido detener y dedicar la reflexión que hacemos cada año a la realidad autonómica de la discapacidad, a las tendencias y enfoques que siguen las políticas autonómicas de discapacidad.

 

¿Cómo puede avanzar la discapacidad puestos en las agendas políticas autonómicas?, ¿qué significa hoy, en la esfera autonómica, las políticas basadas y centradas en los derechos?; ¿cómo se instrumenta, en la acción pública autonómica en materia de discapacidad, el principio de “nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”?; ¿es la equidad territorial y la igualdad de trato,con independencia de dónde se viva, un límite a las políticas de discapacidad?, etc.; todos estos y muchos más interrogantes que nos asaltan en nuestra práctica diaria han de ser objeto de honda y productiva reflexión.

 

No podremos hablar de una sociedad decente si las personas y grupos que la componen están situados en posiciones en que sus posibilidades de vida y de desarrollo humano no estén aseguradas.

 

Si no contamos con la discapacidad, o contamos de un modo parcial o fragmentario, nuestras sociedades no sólo no estarán completas,sino que no podrán, no podremos decir que compartimos un proyecto sugestivo de vida en común.
 

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