ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

La investigación social en materia de discapacidad es necesaria para la mejora de los derechos del colectivo

12.12.2014

FUENTE: SERVIMEDIA

La investigación social en el ámbito de la discapacidad es necesaria para la mejora de los derechos del colectivo. Así lo han puesto de manifiesto expertos en este ámbito durante la jornada ‘Investigación social y diversidad humana. Generando conocimientos sobre la discapacidad’, donde han incidido en la necesidad de incluir la variable discapacidad en todas las fuentes estadísticas, divulgar la información existente al público y a los medios de comunicación, y potenciar líneas pendientes de estudio como la violencia de género en mujeres con discapacidad.

La jornada, organizada por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) junto con ILUNION Consultoría y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha tenido lugar este viernes en la sede de la Fundación ONCE.

Durante la inauguración, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado que esta jornada trata de mostrar cómo está la investigación social en el ámbito de la discapacidad con el objetivo último de aplicar este conocimiento a las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

En esta línea, ha considerado que desde hace años se está promoviendo la mejora del conocimiento en torno a la discapacidad, y se ha referido al trabajo del Observatorio Estatal de la Discapacidad que ha adquirido un nuevo modelo recientemente y supondrá, ha dicho, un “impulso importante” en este sentido.

El director general de ILUNION Consultoría, José Alfonso García Escribano, ha asegurado que la investigación social ocupa un lugar importante en la mejora de los derechos de las personas con discapacidad y ha destacado que España es un referente en los estudios realizados en el ámbito de la discapacidad.

Por su parte, el director de general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, ha afirmado que el artículo 31 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad se refiere a la obligación de los Estados parte de recoger datos y estadísticas para poder ejecutar las políticas necesarias en materia de mejora de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, ha señalado que en el plan de acción de discapacidad del Gobierno recoge la necesidad de elaboración de estadísticas respecto a distintas circunstancias relativas a la discapacidad.

Durante la jornada, se ha presentado el ‘Informe Olivenza 2014 sobre la situación de las  personas con discapacidad en España’ a manos de Agustín Huete, sociólogo, consultor social y colaborador del CERMI. Según ha explicado, este informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad por mandato de la Ley General de Discapacidad recoge contenidos como los cambios en el marco normativo, la metodología de medición estadística en el ámbito de la discapacidad con indicadores de inclusión, así como un análisis estadístico de múltiples aspectos de la realidad del colectivo.

Huete se ha centrado en la medición de la inclusión y ha valorado que en España exista “un gran acuerdo sobre qué es y cómo medir la exclusión”. La propuesta de medición del Observatorio se basa en tres ejes: el económico, el de ciudadanía y el de relaciones sociales y según ha asegurado, se ha intentado redactar un modelo en positivo utilizando como referente la población general a través de 37 indicadores tanto específicos y estándar.

En torno al primer eje, que mide la participación en el producto social en base a la encuesta de inserción social y salud del INE, ha asegurado que en 2012 la población en situación de pobreza severa, con ingresos menores de 3.700 euros brutos al año, era de 9,64%, 5 puntos menos que la tasa entre la población con discapacidad (14,73%). Asimismo, en cuanto a la población en situación en riesgo de pobreza, la tasa entre la población general es de 27,63% y en caso de las personas con discapacidad asciende al 32%.

Desde su punto de vista, se trata de un “sistema avanzado pero incompleto” y es necesario un trabajo futuro en la ponderación. Sobre las estrategias de medición, ha señalado como reto intentar dotar de mayor transparencia a los registros administrativos en el ámbito de la discapacidad.

Posteriormente, Eduardo Díaz, coordinador del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) del Real Patronato sobre Discapacidad ha señalado durante su ponencia que aunque cada vez hay más fuentes estadísticas disponibles sobre discapacidad, gracias en gran parte a la labor de visibilidad que llevan a cabo las entidades del colectivo, hay que incidir en la transversalidad, es decir, en la inclusión de la variable discapacidad en todas las fuentes existentes, y hacer un esfuerzo por divulgar la información existente tanto al público general como a los medios de comunicación.

Desde su punto de vista, es necesario crear una agenda de investigación social sobre discapacidad y se ha referido a líneas pendientes de estudio en este ámbito como la violencia de género en mujeres con discapacidad, el empleo y la actividad, la situación de menores con discapacidad y sus familias en contexto de crisis económico, la movilidad social de la discapacidad, o los contextos de multi exclusión.

También durante la jornada, Lourdes González, directora de Tecnologías Accesibles de ILUNION Consultoría, y Verónica Martorell, coordinadora de los Proyectos de Estudios e Investigación Social han presentado la unidad de estudios sociales de ILUNION Consultoría.

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