ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

La Fundación CERMI Mujeres reclama un mayor impulso a la promoción de la autonomía personal

15.12.2016

AUTOR: SERVIMEDIA

Así lo manifestó la  Coordinadora de la FCM durante unas jornadas que el CERMI celebra hasta mañana viernes en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid (paseo de La Habana, 208).

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Isabel Caballero, reclamó este jueves  que la promoción de la autonomía personal “sea una realidad, lo que beneficiaría a determinadas mujeres con discapacidad que con algunos apoyos tendrían un mayor grado de empoderamiento y capacidad de toma de decisiones”.

Así se manifestó Isabel Caballero durante las jornadas ’2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: ¿Más y mejor protección social una década después?’, organizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, cuando se cumplen diez años de la aprobación de la denominada “cuarta pata del estado de bienestar”.

La coordinadora de la FCM defendió su tesis explicando que un mayor empoderamiento da herramientas para luchar contra la violencia machista.  Además, recordó que hay más mujeres en situación de dependencia al tener por ejemplo una mayor esperanza de vida, y sobre todo, que buena parte de las personas cuidadoras son mujeres, por lo que pidió que se mejoren sus condiciones, ya que muchas no trabajan para cuidar a alguien de su familia.

Por otro lado, se celebró una mesa formada por entidades sociales, durante la que Cristina Rodríguez, representante de la Unión Democrática de pensionistas (UDP), “reclamó mayor apoyo a las personas en situación de dependencia con una red pública de servicios de calidad que favorezca la vida familiar, que cree empleo y genere beneficios. Es difícil, pero otros lo han conseguido. Ha llegado el momento de brindar más apoyos a personas con discapacidad y mayores”.

En este sentido, Demetrio Casado, consejero asesor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), pidió un incremento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y que se garanticen los apoyos a los cuidadores no profesionales para el desempeño de su labor.

Amparo Fabra, representante del Consorcio Autismo, advirtió de que “este sistema recoge derechos que podemos necesitar todos en algún momento”. Asimismo, se mostró a favor de que se garantice que las personas mayores puedan permanecer en su hogar, “porque muchas es lo que quieren, pero para personas que tienen discapacidad mucho antes, lo que se debe hacer es que salgan de casa y lleven una vida independiente y empoderada”.

Noelia Cuenca, representante de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), criticó que “la ley deja fuera a muchas personas, y está más pensada para atender a la dependencia que a la promoción de la autonomía personal”.

Esta idea también fue defendida por Agustín Huete, profesor de Sociología la Universidad de Salamanca, quien abogó por innovar en inclusión, “e inclusión es que las personas puedan decidir cómo vivir, y poder hacerlo cuando lo deseen en comunidad”.

MAYOR FINANCIACIÓN

Por otra parte, la responsable del departamento confederal de Servicios Sociales de UGT, Gemma Ramón, y el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ensalzaron el diálogo civil con el que se aprobó hace una década la normativa, aunque reclamaron una mayor transparencia en las partidas destinadas a dependencia en las diferentes administraciones y una mayor financiación que llegue al 1,5% del PIB nacional.

En este sentido, el exdirector del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Ángel Rodríguez, en una conferencia anterior a la mesa de agentes sociales, pidió también transparencia en los Presupuestos,” ya que una partida presupuestaria clara permitiría saber cómo se está financiando la autonomía personal y la dependencia”. Además, rememoró la puesta en marcha por parte del Imserso de la ley y consideró que “sin el IMSERSO no habría Ley de Dependencia”, ya que gracias a su experiencia y gestiones de coordinación con el movimiento asociativo, sindicatos y comunidades autónomas fue posible su aplicación en apenas seis meses, desde enero hasta junio de 2007.

Las jornadas acogieron también una mesa formada por responsables de diferentes gobiernos y parlamentos regionales en la que coincidieron en la necesidad de que la administración central aporte un mayor porcentaje de fondos para financiar las prestaciones.

Emilio Sáez Cruz, presidente de la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha, aseguró que “La Ley de Dependencia fue fundamental, y permitió que España se pusiera a la cabeza en este tipo de derechos”. Eso sí, criticó que “el Gobierno haya ido reduciendo las aportaciones” para sufragar estas políticas, “quedándose muy lejos del 50% que debería aportar”.

Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, afirmó que “en 94.000 kilómetros cuadrados de Comunidad Autónoma vimos que era una oportunidad y a la vez un reto, y siempre hemos querido trabajar desde el consenso en el marco del diálogo social, así como con los diferentes ayuntamientos”. En todo caso, subrayó que la administración regional aporta la mayor parte de los fondos para sufragar estas políticas, aunque puntualizó que se seguirá trabajando para mejorar cada día la red de apoyos.

Mientras, Manuel Martínez, viceconsejero de Igualdad y políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ensalzó el modelo de atención que “impulsamos en paralelo con Castilla y León” y resaltó el trabajo que el Ejecutivo regional hace en materia de atención temprana, aunque también reclamó una mayor financiación.

Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, dijo que desde esta Región “se apuesta por servicios de calidad” y por la “profesionalización”, y recordó que los ajustes que se han tenido que hacer en el Sistema de Dependencia se produjeron en un momento económico muy delicado, “para salvar el sistema”. Eso sí, “nosotros queremos trabajar para buscar un nuevo sistema de financiación”.

En otro orden de cosas, María del Carmen Barranco, profesora de Filosofía del Derecho, señaló las diferencias que existen entre el modelo que defiende la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, haciendo especial hincapié en la necesidad de no abordar todo desde un prisma médico, sino desde la filosofía del derecho.

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