ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

La asesoría jurídica del CERMI tramitó 181 consultas en 2004

31.01.2005

La asesoría jurídica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) recibió el año pasado 181 consultas, cifra que casi duplica a la de 2003, puesto que en ese ejercicio fueron 100 las consultadas recibidas y gestionadas.

 

Las consultas fueron formuladas por personas con discapacidad a título individual, asociaciones (incluido el propio CERMI), empresas y abogados.

 

El 36 por ciento de las consultas planteaban cuestiones de carácter administrativo, el 27 por ciento relacionadas con la Seguridad Social, el 24,5 por ciento eran del ámbito civil, el 6 por ciento hacían referencia a temas fiscales, el 3 por ciento estaban vinculadas a aspectos ligados a la discriminación e igualdad de oportunidades, el 3 por ciento al terreno laboral y el 0,5 por ciento al derecho penal.

 

Las consultas formuladas en este período de tiempo se desglosan de la siguiente forma y en estas materias:

 

Los asuntos o cuestiones sobre los que las consultas han incidido de forma más reiterada y que se deben resaltar son las siguientes:

  • Acceso a la Función Pública y el turno de reserva, adaptación de tiempo y medios en los procesos selectivos de la Administración.
  • Condiciones del puesto de trabajo en la Administración, jubilación anticipada, eliminación de barreras para las personas con discapacidad en los edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, situación de las personas con discapacidad en la Universidad y los centros escolares, compatibilidad de prestaciones y el empleo y compatibilidad de las diferentes prestaciones sociales.

 

Asimismo, destacan las dudas sobre solicitud de prestaciones sociales y reclamación ante denegación, exenciones que afectan a las personas con discapacidad en las diversas figuras impositivas, sobre todo en vivienda y vehículos a motor, incapacidad laboral, procedimiento de obtención de la calificación de minusvalía y su revisión, tarjeta de estacionamiento y aspectos relativos a los conductores con discapacidad, incapacidad judicial, barreras en edificios, vía pública y servicios públicos.

 

En definitiva, el número de consultas ha crecido de forma importante en comparación con el año 2003 (un total de 81 actuaciones más), las consultas formuladas han versado sobre todo en los ámbitos del derecho administrativo, civil y de la seguridad social.

 

Se pueden resaltar como temas recurrentes, que presentan una litigiosidad importante y generan dudas a las personas con discapacidad, los siguientes:

 

- El acceso a la Función Pública en sus diversos aspectos: reserva del porcentaje en el turno de reserva, adaptación de tiempo y medios en las pruebas selectivas, adaptación del puesto de trabajo y condiciones de trabajo. Suponen el 10 por ciento del total de las consultas recibidas.

 

- La eliminación de barreras en los edificios sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal. Destaca de forma especial al ser 10,5 por ciento del total de las consultas.

 

- La jubilación anticipada. Son el 10 por ciento del total de las consultas.

 

- A destacar cuestiones sobre la situación de los estudiantes universitarios con discapacidad.

 

- La compatibilidad del trabajo remunerado y el derecho a percibir pensiones, así como la compatibilidad de pensiones.

 

- Señalar un incremento en las cuestiones sobre la calificación de minusvalía

 

- Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad en cuanto a lo heterogéneo de la aplicación normativa existente en las diversas Comunidades Autónomas. Y todo lo referido a las personas con discapacidad como conductoras: limites de velocidad, autoescuelas...

 

- Los impuestos referidos a los vehículos a motor, la vivienda y el IRPF, sobre todo en cuanto a las bonificaciones, exenciones o ayudas existentes.

 

- Destacar las consultas sobre discriminación e igualdad de oportunidades sobre todo en el campo de la educación. En los asuntos mencionados el CERMI detecta falta de herramientas jurídicas o que las existentes se muestran insuficientes para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.

 

- Considera que la respuesta de la Administración es claramente insuficiente. En estos temas la litigiosidad judicial, parece el único camino posible y en ocasiones con posibles resultados no satisfactorios para la persona con discapacidad y de coste económico alto.

 

 

Donde más evidentemente se pone de manifiesto, es en el acceso a la función pública y en la eliminación de barreras en las comunidades de propietarios, que aunque existe normativa esta se muestra insuficiente o ineficaz y la vía judicial parece la única posible. En la jubilación anticipada en las dificultades de prueba de la minusvalía y su grado y la inaplicación a los trabajadores autónomos


 

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