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Expertos y fuerzas políticas coinciden en la necesidad de una regulación unitaria de la Ley de garantía de derechos y servicios sociales

01.03.2010

En un encuentro organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE donde también se ha destacado la falta de financiación para poder garantizar el desarrollo de la ley.

 

Distintos expertos del mundo jurídico y social junto con fuerzas políticas y representantes de las Comunidades Autónomas han coincidido hoy en la necesidad de una regulación unitaria de una ley que garantice los derechos y Servicios Sociales, durante la celebración de la jornada “¿Es posible (y deseable) una Ley estatal de garantía de Derechos y Servicios Sociales?”, organizada por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE.

 

Sin embargo, todas las personalidades que han participado en este encuentro, también han coincidido al destacar la falta de financiación a la hora de dotar de partidas presupuestarias para lograr el desarrollo de esta ley. En este sentido, el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha manifestado el deseo de la posibilidad del desarrollo de esta ley, al mismo tiempo que ha calificado la crisis como “un mal escenario” para su planteamiento.

 

Con respecto al planteamiento de si existe un fundamento constitucional para esta ley, el abogado y el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, ha considerado que, bajo su punto de vista, “sí es posible ya una regulación unitaria”.

 

Según el catedrático, “la Constitución contiene las bases para la formulación de leyes universales y uniformes de derechos y servicios sociales”, al mismo tiempo que ha manifestado la importancia de superar la diferenciación que se ha marcado siempre entre los derechos fundamentales y los derechos sociales y económicos.

 

En este sentido, para Muñoz Machado, actualmente, “nos encontramos en un nuevo marco, en la cuarta generación de los derechos fundamentales, que son de carácter social, que han sufrido una transformación y han generado una comprensión del nuevo posicionamiento de los poderes públicos con respecto a esos derechos, que se traduce en que su regulación ya sí pertenece al Estado”.

 

La ex directora general de Acción Social, Patrocinio de las Heras, ha señalado como razones fundamentales, por las que esta Ley estatal es necesaria, tanto a la dignidad de todos los seres humanos, como a la sostenibilidad del pacto de ciudadanía sobre el que se asientan las Constituciones.

 

Así, ha afirmado que “el vacío constitucional que existía en este sentido, queda resuelto con esta ley”, al mismo tiempo que ha destacado que “nos enfrentamos a algo que afecta a la dignidad humana porque está vinculado al Derecho fundamental de las personas”.

 

Para de las Heras, “no hay legitimidad para cobrar impuestos si no existe la garantía de que, cuando se pierden todas las posibilidades de vivir con una dignidad mínima, no se va a tener una cobertura del Estado que garantice esa dignidad”.


 
“Esta normativa ya fue recuperada en la fallida Constitución Europea, aunque ahora está completamente incorporada al Tratado de Lisboa de 2007, algo a lo que todos los estados miembros europeos tienen que acoplarse”, ha concluido.

 

Fuerzas políticas y Administraciones Públicas

Los diputados de PSOE y PP, José Vicente Muñoz e Inmaculada Guaita, respectivamente, han coincidido en “la importancia de una ley estatal que garantice los derechos y servicios sociales, sobre todo, por las necesidades que tienen en este sentido las personas en riesgo de exclusión; mientras que el diputado de CiU, Carlos Campuzano, considera que existe “una gran debilidad” en el desarrollo de los Servicios Sociales en España debido a una mala financiación.
Según la consultora experta en cuestiones sociales, Yolanda Fillat, esta Ley debe “generar un sistema transformador tanto de la sociedad como en la igualdad de oportunidades”, aunque sin olvidar “el empoderamiento de las personas para conseguir la máxima potenciación de sus capacidades y generar su autonomía personal”.

 


Por último, la opinión expresada hoy por parte de las Comunidades Autónomas es la de que, a pesar de haber competencias concretas por comunidades, “necesitan una ley estatal que garantice los derechos y servicios sociales, sobre todo, a través de una buena financiación y que cuente con la participación de los propios ciudadanos, convirtiéndose así, en los protagonistas y la buena administración de esta ley”.
Previamente, en el acto inaugural, el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Xavier Grau, ha considerado a la Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales como “el reflejo de una sociedad moderna y progresista”; y, por su parte, el presidente de la plataforma de ONGs de Acción Social, Juan Lara, ha afirmado que nuestro país ha avanzado mucho en estas garantías pero “es necesario dotarnos de un marco que garantice su cumplimiento en el Estado español”.
Lara ha defendido la necesidad de esta normativa porque, con ella, se asegurará “la participación del Tercer Sector Social en un nuevo modelo de relación público-privada que replantee las escalas de diálogo, diagnóstico y decisión que haga de las personas el centro de la política social”.

 

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