ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Entrevista con el presidente del CERMI Galicia. “Cada euro que se destina al ámbito de la discapacidad es una inversión”

19.04.2021

FUENTE: La Opinión A Coruña

“Se avecinan tiempos muy difíciles”, pronostica Luciano Fernández Pintor, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Galicia, plataforma que engloba a las doce organizaciones más numerosas y dinámicas de la comunidad (Cogami, Fademga, Faxpg, ONCE, Down Galicia, Autismo Galicia, Feafes, Fegadace, Aspace, Fagal, Cegasal y Predif). La pandemia de COVID, avisa, ha supuesto “importantes retrocesos” para ese colectivo, que alcanza “cerca del 10% de la población gallega, entre personas con discapacidad y sus familias”. Por eso, urge a la Administración que actúe como “sostén” del tejido asociativo, “para que ninguna entidad se quede por el camino”. “Sin la sociedad civil organizada, las administraciones serían incapaces de dar respuesta a las necesidades que existen, las personas con discapacidad dejarían de estar atendidas y volveríamos al siglo pasado, cuando estaban escondidas en sus casas y no podían ejercer sus derechos”, advierte.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID al colectivo gallego de personas con discapacidad?

Ha supuesto importantes retrocesos. Las personas con discapacidad necesitan una serie de recursos —centros de día, terapias rehabilitadoras, recursos educativos y de inserción laboral, etc...— de manera permanente y continua. Si no pueden acceder a ellos, las capacidades que tienen o que conservan (si la discapacidad es sobrevenida), en cierta manera, van a decaer porque no se están potenciando. Durante esta pandemia, esos recursos no se han mantenido, y se ha dejado en manos de las familias el grueso de la situación, con lo que eso implica.

¿Qué implica?

Cuando una persona con discapacidad no puede ir a su centro de día, educativo o a rehabilitación, se tiene que quedar en casa, y necesita que su cuidador informal —en la mayoría de los casos, mujeres— se haga cargo él. Dejar a un ciudadano con necesidades especiales en su domicilio, sin atención, es socavar sus derechos. Eso supone, además, que la cuidadora informal tenga que dejar de trabajar y no pueda hacer su vida normal. Por si fuera poco, se pone sobre sus hombros la obligación de la tener la capacidad de los técnicos de los centros de atención diurna, educativos o de rehabilitación... una capacidad que, obviamente, las cuidadoras informales no tienen. Pero es que hay más...

¿Qué más?

Por sus patologías, las personas con discapacidad necesitan la atención sanitaria presencial. Desde hace más de un año, sin embargo, la consulta telefónica es la norma. Esto es una barbaridad, y ya estamos sufriendo las consecuencias, principalmente, en las personas con discapacidades intelectuales o cognitivas, acostumbradas a una serie de rutinas. Cuando se les cambian esas rutinas, se altera todo su entorno, su universo. Y esto trae consigo un retroceso importantísimo en el mantenimiento de sus capacidades. Por otro lado, en la actual situación, la inserción laboral, uno de los principales factores de integración de las personas con discapacidad, se queda en prácticamente nada...

Desde la perspectiva actual, ¿cree que se podrían haber hecho mejor las cosas?

Partiendo de la base de que es muy difícil gestionar una situación como la que estamos viviendo, y de que no tengo nada en contra de las administraciones —al revés, entiendo que actúan con buena voluntad y que ninguna de ellas quiere que se muera gente en sus manos—, sí es verdad que, en el ámbito de la discapacidad, hemos ido sufriendo una serie de batiburrillos (“ahora abres los centros de día, ahora los cierras; hoy los protocolos son de esta manera, mañana son de esta otra”...), y aunque las entidades en general —y las del Cermi, en particular— han hecho las cosas muy bien y se han adaptado perfectamente a las medidas de seguridad que requiere la emergencia sanitaria, eso ha generado en las familias inquietudes y miedos.

¿Se entienden bien con todas las administraciones?

Ni el Cermi ni sus entidades estamos alineados con ningún color político. Nuestro alineamiento es con las personas con discapacidad. Es cierto que, ahora mismo, hay una relación fluida con la Xunta, en particular, con la Consellería de Política Social. La interlocución con este departamento es muy buena. Si no fuese así, también lo diría. De hecho, no pasa lo mismo con otras consellerías, pese a que ningún sector de la administración (sanidad, educación, infraestructuras, etc...) es ajeno a la discapacidad.

La pandemia ha puesto sobre la mesa las importantes carencias digitales en nuestro entorno y evidenciado, si cabe aún más, la brecha digital...

Efectivamente, hay dos cuestiones, muy unidas entre sí, que parece que hemos descubierto ahora con la pandemia de COVID: el teletrabajo y el mundo digital. Pero hay que tener en cuenta que el teletrabajo no es la panacea en nuestra sociedad, y que todo esto se basa en una supuesta capacidad que no tenemos. La brecha digital existe, es una realidad, y tiene distintas vías: la económica, porque no todas las familias se pueden permitir acceder a los sistemas digitales; la social, pues no todos los ciudadanos tienen capacidad educativa o formación técnica para manejarse con un teléfono móvil o un ordenador; y la territorial, muy evidente en Galicia, ya que nuestra comunidad es prácticamente la AP-9, y el resto. Si vives en A Coruña o Santiago, seguramente no tendrás problemas para conectarte a internet, pero en un concello de Os Ancares, A Limia o Lobios, puede que no te llegue la señal. Por tanto, la telemedicina, y las terapias telemáticas son viables solo a medias. A lo largo de esta pandemia, hemos ido descubriendo cosas que nos han dejado un poco 'desnudos'. Pensábamos, por ejemplo, que teníamos una gran sanidad y sí, tenemos una muy buena sanidad, pero es mejorable. Las carencias estaban ahí, pero no éramos conscientes.

¿Cómo han trabajado las entidades del Cermi gallego en este contexto?

Los técnicos de nuestras organizaciones se han tenido que reinventar, en el sentido de hacer terapias distintas, atención domiciliaria, trabajo con las familias, etc. .. Hay entidades fuertes y potentes, otras pequeñas, pero todas hacen la misma función. Es cierto que ha habido algún tipo de ayudas, pero ni todas las que harían falta, ni todas las que desearíamos. Somos conscientes de que los recursos son los que son y hay que priorizarlos, pero una vez más se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con el tejido asociativo, que no es más que la sociedad civil organizada llegando a donde las administraciones son incapaces de hacerlo. En el ámbito de la discapacidad, ha sido y es fundamental, por eso insistimos en que las administraciones, de todos los niveles, tienen que potenciarlo.

¿Cómo ha impactado la crisis generada por el COVID en los recursos de las organizaciones del ámbito de la discapacidad?

El impacto económico, sobre todo en las entidades pequeñas, ha sido muy fuerte. No solo es que hayan caído los ingresos por dejar de prestar determinados servicios. Hay que tener en cuenta, también, que una fuente de financiación muy importante para las organizaciones del Tercer Sector es el 0,7% del IRPF, muy ligado a que los ciudadanos marquemos la X Solidaria cuando hacemos la declaración de la renta y a que haya, por supuesto, contribuyentes. Si la actividad económica decae y disminuye la cifra de ciudadanos que hacen la declaración y dedican ese 0,7% al ámbito de lo social, ¿qué va a suceder? Ahora mismo, se están desarrollando proyectos con fondos recogidos, por esa vía, en 2019. Pero el año que viene las entidades vamos a depender de los ingresos de 2020, cuando empezó la crisis derivada de la pandemia de COVID... A esto hay que sumar, además, el impacto directo que ha tenido la emergencia sanitaria, pues las organizaciones hemos tenido que invertir en recursos de seguridad (mascarillas, pantallas, gel hidroalcohólico…) que, en algunos casos, han sido proporcionados por la administración, pero en otros no. Se avecinan tiempos muy difíciles...

¿Cuál es ahora la prioridad?

Necesitamos recuperar la normalidad, y esto implica que las entidades retomen todas las actividades que venían realizando, y que además hacían muy bien: ofrecer servicios de centro de día, terapias rehabilitadoras, recursos educativos, de inclusión laboral… En definitiva, volver al punto de partida del 1 de marzo de 2020. Sé que esto va a ser difícil, pero en algún momento lo tenemos que hacer, aunque haya que seguir con las medidas de seguridad. También es fundamental que la Administración actúe como sostén de esas organizaciones, para que ninguna de ellas se quede por el camino. Y recuperar la posibilidad de contar con recursos suficientes para prestar servicios que son fundamentales. Porque, insisto, sin la sociedad civil organizada, las administraciones serían incapaces de dar respuesta a las necesidades que existen, las personas con discapacidad dejarían de estar atendidas y volveríamos al siglo pasado, cuando los miembros de este colectivo estaban escondidos en sus casas y no podían ejercer sus derechos.

Dice el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo, que “nunca son buenos tiempos para la discapacidad”. ¿Comparte su reflexión?

Totalmente. El ámbito de la discapacidad fue de los primeros en sufrir la anterior crisis económica. Los recortes empezaron por nuestro colectivo y, sin embargo, fuimos también los últimos que recibimos el crecimiento. Pedimos que no vuelva a suceder lo mismo. Porque hay un hecho tangible y palmario: si ahora tenemos mil euros en recursos, nos vamos arreglando, pero si tuviésemos un millón, también serían pocos. Nunca tendríamos recursos suficientes para poner a las personas con discapacidad al mismo nivel que el resto de la sociedad. Lo que ocurre es que hemos aprendido a hacer más con menos. A ser perseverantes, estoicos, ahorradores… Y todo ello, gracias a la implicación de los técnicos y de todas las personas que trabajan con nosotros, que lo hacen de maravilla.

La Administración habla de gasto social; las entidades, de inversión...

Mientras las administraciones no cambien ese chip, no nos va a ir bien. Cada euro que se destina a este colectivo, es una inversión, ya que permitirá ahorrar en atención hospitalaria y sanidad en general, entre otras muchas cosas. Considerar la inversión social un gasto es caer en un profundo error, porque calidad de vida es lo mejor que se puede dar a las personas.

¿Un último mensaje?

Me gustaría lanzar un mensaje de auxilio a los ciudadanos que hacen la declaración de la renta para que, por favor, marquen la X Solidaria. Necesitamos más que nunca esos recursos, porque sino no vamos a poder llegar a donde lo hacemos ahora, y eso implicaría que muchas personas con necesidades especiales dejasen de estar atendidas. Algo que una sociedad avanzada no se puede permitir.

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