ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Entrevista con Carlos Rubén Fernández, Secretario General del CERMI El Gobierno debe cumplir los compromisos electorales con el sector de la discapacidad

16.03.2005

El secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidente de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández, analiza la situación que vive el sector de la discapacidad coincidiendo con el primer año de la llegada del PSOE al Gobierno de España.

 

La Ley de igualdad de Oportunidades y no Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), aprobada en diciembre de 2003, sigue careciendo de un desarrollo reglamentario. ¿Le preocupa está falta de respuesta a diez meses del límite para su presentación?

Más que me preocupa, me ocupa. Nos ocupa en estos momentos de forma especialmente importante. La aprobación por las Cortes de la LIONDAU fue un hito muy importante del sector de la discapacidad. Se aprobó con el apoyo mayoritario de la Cámara después de un intenso año de trabajo en torno al 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Era la culminación de una garantía de derechos fundamentales que los ciudadanos con discapacidad en España teníamos y que, desgraciadamente, por la no consecución en todos los términos necesarios del desarrollo de la LISMI, estaba todavía carente de contenido. A partir de ahí, se establece un procedimiento por el cual una ley que garantiza derechos tiene que plasmarse en el desarrollo normativo que haga efectivos esos propios derechos. Y alguno de esos plazos que se marcaban acaban en diciembre de 2005.

 

¿Cómo estamos en estos momentos?

A pocos meses de que expire ese plazo. Es cierto que lo que obviamente no tenía en cuenta la LIONDAU es que en el proceso de desarrollo normativo iba a haber unas elecciones generales y un cambio de Gobierno. Estas cosas, objetivamente, ralentizan el desarrollo y la puesta en marcha de algunos de esos plazos. No obstante, tenemos el compromiso del Gobierno, de la propia Secretaria de Estado, de llevar a cabo los plazos aun a riesgo de tener que trabajar de forma intensiva. Por parte del CERMI se han hecho los trabajos preparatorios necesarios: hemos enviado nuestras propuestas a la Administración, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS); hemos mantenido reuniones fluidas con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Trabajamos en la hipótesis de que el calendario se cumplirá. Esperamos que a lo largo de este año vea la luz la Ley de Infracciones y Sanciones, como desarrollo complementario para garantizar la LIONDAU. La LISMI nos ha enseñado que una ley sin un mecanismo sancionador que la complemente acaba por incumplirse, por tanto precisamos que en 2005 vea la luz esa ley de Infracciones y Sanciones. Trabajamos también en el desarrollo de uno de los condicionantes que aparecen en la LIONDAU, que por voluntad del Gobierno, y por supuesto secundado por el CERMI, se elevaría del rango normativo al rango legislativo, como es la Ley para el reconocimiento de la Lengua de Signos. Y estamos trabajando en la hipótesis de que antes de final de año verán la luz al menos seis reales decretos tremendamente importantes para el sector social de las personas con discapacidad: el Real decreto que regule el arbitraje en cuestiones de igualdad de oportunidades, y los cinco reales decretos que regularán las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte, en la sociedad de la información y medios de comunicación, ante las Administraciones Públicas, en la nuevas edificaciones y entornos. Todo eso tendría que estar previamente acompañado de unos estudios integrales de accesibilidad en cada uno de esos ámbitos en los que el MTAS precisa de la colaboración de los ministerios de la Vivienda, Fomento e Industria fundamentalmente. Es un calendario especialmente intenso, teniendo en cuenta que, el cambio de Gobierno ha ralentizado este proceso en algunos meses. Pero, por el momento, y una vez elaborado el trabajo que correspondía al CERMI, y después de mantener esos niveles de comunicación y de intercambio de procedimientos, sobre todo, para alcanzar esa calendarización, recogemos el compromiso de la Secretaría de Estado, del propio Ministerio de que al menos esas medidas que acabo de citar estarán aprobadas, o en trámite de aprobación, antes de que acabe el año. De desarrollarse todas estas medidas a lo largo de este ejercicio, el trabajo habría merecido la pena, un trabajo sin duda ímprobo pero con indudables resultados positivos, no sólo para las personas con discapacidad sino para la sociedad en su conjunto. De no ser así, supondría una enorme decepción.

 

Ha concluido el II Plan de Empleo MTAS-CERMI con materias aún por regular como es el empleo con apoyo. ¿En qué situación se encuentra el sector?

La situación del empleo de las personas con discapacidad en España es claramente mala. Seguimos a la cola de Europa, ocupamos el puesto 24 de los 25 de la Unión Europea en lo que respecta a la integración social de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Todavía hay un millón de personas que demanda un empleo por nuestro país. El objetivo de alcanzar el pleno empleo es un objetivo de todos los estados miembros de la Unión Europea. Y para ello hace falta trabajar en varios ámbitos: la concienciación social de que las personas con discapacidad podemos desempeñar un trabajo en igualdad de oportunidades con las adaptaciones precisas; necesitamos un mayor impulso en el empleo público. Para eso está el decreto que se aprobó el 3 de diciembre de 2004 en el que se regulan nuevos mecanismos para intentar alcanzar ese 5 por ciento de reserva de plazas en el sector público, y, los planes de empleo, fórmula que pusimos en marcha con el gobierno anterior del PP, que se ha vislumbrado como una herramienta muy necesaria para impulsar las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. Por eso, observamos con cierta preocupación el que todavía no hemos finalizado las medidas del Segundo Plan de Empleo. El plazo ya ha prescrito. Insisto y recalco que se puede entender una demora por el traspaso de poderes entre las dos administraciones, pero en cualquier caso es fundamental que finalicemos lo antes posible el Segundo Plan de Empleo, y para ello tiene todavía que ver la luz el nuevo Real Decreto de Medidas Alternativas, ver reguladas las unidades de apoyo para los centros especiales de empleo y por último y muy importante, el empleo con apoyo, que está demostrando ser una excelente fórmula para el acceso al empleo de algunas personas con discapacidades concretas, especialmente interesante para personas con discapacidad intelectual. Por tanto, antes de hablar del Tercer Plan de Empleo, debemos sentarnos y cerrar el Segundo Plan de Empleo.

 

¿Qué variables debe contemplar el nuevo Plan de Empleo?

Debería recoger todo aquello que tiene de positivo y que se ha demostrado que ha funcionado en el primer y segundo Plan de Empleo. Estamos abiertos a que participe en la aportación de ideas cualquier colectivo que desee pero seguimos expresando con claridad que el principal interlocutor de un Plan de Empleo específico para personas con discapacidad debe ser el CERMI. Resalto: el principal interlocutor, no el único. Cuantos quieran contribuir para conseguir resolver este problema, que es de todos pero especialmente de las personas con discapacidad, son bienvenidos a esa mesa.

 

Está en el Congreso el Libro Blanco de la Dependencia, los mimbres de la futura Ley de Atención a las personas en situación de dependencia en España. ¿Qué debe contener esta ley para que satisfaga las expectativas?

En primer término debe contener, desde su inicio hasta su fin, a las personas con discapacidad. Del más del millón cien mil personas en España con necesidades de atención por razón de dependencia severa, en torno a medio millón son personas menores de 64 años dependientes por razón de discapacidad. Nuestra primera observación hecha al primer grupo de expertos que trabajó en la confección del anterior informe, y al que ha trabajado en este Libro Blanco, es que no se olviden de que dentro de las personas dependientes, además de personas mayores, hay un sector importante de personas con discapacidad. Observamos con satisfacción que esa primera recomendación ha sido tomada en cuenta.

 

El CERMI ha elaborado un informe sobre la dependencia...

Sí, nosotros confeccionamos un informe como mecanismo de ayuda a quien tenía que adoptar las reflexiones oportunas. Y apuntábamos las necesidades específicas de las personas con discapacidad dentro de un Sistema Nacional de Dependencia. Apostamos por un modelo integral de atención a las personas con discapacidad bajo la cobertura de la Seguridad Social y que garantice un sistema de coberturas universal. Entendemos que este aspecto debe conjugarse con la territorialidad del Estado y, por tanto, intentar homogeneizar una oferta para que las personas dependientes, sea cual fuere su lugar de origen, puedan acogerse a un sistema que garantice ese derecho a esa protección social complementaria. Sostenemos que además la puesta en marcha de un sistema de este tipo genera en sí un valor añadido importante a la sociedad española ya que además consideramos que genera riqueza. Tal como apuntan los datos del ministerio, se prevé crear más de trescientos mil empleos y en muchos casos implicará el reconocimiento de las personas que en estos momentos están haciendo ese trabajo de forma no reconocida, de forma voluntaria, por tener una persona con discapacidad dependiente en el seno de la familia.

Aparte, apuntamos algún dato cuantitativo de que si somos capaces de hacerlo y de hacerlo entre todos bien, ese modelo tiene también un posible ahorro de coste. Baste señalar un dato a este respecto: una cama hospitalaria cuesta una media en España de trescientos euros al día. Una cama en una residencia asistida puede estar en torno a cincuenta euros. Existen posibilidades, por qué no, de optimizar los recursos en lo que respecta al gasto social pero, por encima de todo, lo especialmente importante es que este Sistema Nacional sea compartido por cuantos más mejor puesto que la puesta en marcha del mismo exige un enorme esfuerzo de los poderes públicos, de las administraciones públicas, con independencia de cuál sea su color, del sector privado, y también de la sociedad civil. Merece realmente la pena y entendemos y vemos con simpatía que sea uno de los proyectos estrella de cualquier gobierno.

 

Tras el traspaso de competencias, parece que se están produciendo desigualdades asistenciales y de prestaciones entre las comunidades autónomas...

Efectivamente, es un problema que aparece. El Estado que todos los españoles nos hemos dado a través de la Constitución pasa por un desarrollo autonómico en el que gran parte de las competencias han sido, están siendo y serán transferidas en el futuro. Ese modelo, que permite algo tan positivo como aproximar algunas de esas prestaciones lo más posible a los ciudadanos, lleva implícito ese riesgo que ahora está apareciendo en algunas de las comunidades. Es tremendamente importante, como ciudadanos españoles, tener la tranquilidad de que nuestros derechos mínimos son perfectamente cubiertos con independencia de nuestro lugar de nacimiento o de residencia. Si no somos capaces, y es responsabilidad de todos, llevar adelante este objetivo, estaremos contribuyendo a generar diferentes realidades y, por tanto, a desarrollar injusticias manifiestas dentro de nuestro propio territorio. Por tanto, se requeriría una mayor reflexión y un mayor esfuerzo de coordinación para poner en común todas las políticas sociales. Con un doble objetivo: en primer término, conocer las buenas experiencias, las buenas prácticas que algunos, por posibilidades o por voluntad política, han puesto en marcha. Todo aquello que funcione debiera de ser conocido para poderse analizar si es, en la medida de lo posible, trasplantable a otros territorios. Por otra parte, debería haber un mayor esfuerzo por unificar algunas de esas políticas, aquellas que se consideraran fundamentales para la garantía de esos derechos individuales de cualquier ciudadano con discapacidad. Esto es un aspecto muy importante, no sólo para las políticas que ya existen sino también para ese Sistema Nacional de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Si no somos capaces de vertebrar sistemas adecuados y apegados a cada una de las realidades sociales diversas en España, pero que garanticen esos mínimos que permitan al ciudadano tener garantizados esos derechos fundamentales, corremos el riesgo de que incluso pueda llegar a haber un desplazamiento de alguno de esos colectivos en función de las coberturas que se presten. Con lo cual estaríamos cometiendo una doble injusticia: lastrando a quienes más medidas de cobertura planteen y además, obligando a una especie de exilio interior a la búsqueda de las mejores coberturas o de las coberturas mínimamente necesarias.

 

El discurso de la discapacidad ha calado en el Parlamento y ha sido asumido por los grupos políticos. ¿Es la sociedad hoy más solidaria y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad?

Los últimos ocho años de gobierno del PP han sido tremendamente beneficiosos para la sensibilización de algunos de los problemas de las personas con discapacidad. Se ha aumentado el reconocimiento social y, lo que es más importante, se ha aumentado el nivel normativo y legislativo que regula los derechos que tenemos las personas con discapacidad por el mero hecho de ser ciudadanos españoles. Ese mérito también se traslada a los primeros meses de gobierno del Partido Socialista. Esto quiere decir que si sumamos a estas dos sensibilidades las sensibilidad manifestada en múltiples ocasiones por los grupos con representación parlamentaria, podemos decir que en el asunto de la discapacidad sólo hay un adversario, y ese adversario está fuera del entorno político, fuera del entorno parlamentario, fuera del entorno de la discapacidad. El adversario es la vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano. Con lo cual se ha establecido un nuevo estadío en la evolución de los problemas de las personas con discapacidad. No hace tanto tiempo la invisibilidad a la que estábamos sometidas las personas con discapacidad hacía que nuestros problemas no fueran visibles. Por tanto, no existían. No era un problema la discapacidad. Del no problema pasamos al ¿qué problemas tenéis las personas discapacitadas? En los últimos años se ha dado un salto cualitativo espectacular, porque ya no somos las personas con discapacidad las que tenemos un problema, sino la sociedad. Es una sociedad de progreso, una sociedad avanzada, una sociedad europea la que tiene un problema que resolver con ayuda de los afectados, las personas con discapacidad. Hemos dado con el esfuerzo de todos, especialmente de las organizaciones de la discapacidad y de las personas discapacitadas con su ejemplo diario, un vuelco espectacular del que nos tenemos que sentir muy satisfechos.

 

Los jóvenes con discapacidad acaban de celebrar un congreso en donde han expuesto sus necesidades y sus reivindicaciones. ¿A qué se enfrentan?¿Cuál es el mensaje que les dirige el CERMI?

Se enfrentan a algo tan injusto como es una discriminación por razón de su discapacidad. Los jóvenes con discapacidad en España tienen muchísimas dificultades, todas las dificultades que tienen los jóvenes y todas las dificultades o gran parte de las dificultades que tienen las personas con discapacidad. Frente a eso hay que enviar y ayudar a trasmitir un doble mensaje. Por un lado, tenemos que hacer todos los esfuerzos personales y colectivos desde las organizaciones para construir el mejor futuro posible para ellos y para los que serán jóvenes en los próximos años, que hoy son niños. Además, hay que hacer con todas nuestras fuerzas un llamamiento a todos los poderes para que garanticen de una vez por todas la consecución de ese derecho de plena ciudadanía. Para que los jóvenes con discapacidad estén mejor formados, en primer término, habrá que hacer mucho más para que los lugares donde se imparte esa formación sean accesibles para cualquier tipo de discapacidad. Para que en las materias que se estudien en algunas carreras tan importantes como arquitectura o ingeniería, por ejemplo, se barajen conceptos como el de diseño para todos; para que no se excluya a un porcentaje importante de la ciudadanía española por no tener en cuenta cuáles son sus necesidades específicas. Por supuesto, hay que hacer el mismo llamamiento en el empleo. Si los jóvenes tienen dificultades de acceder al empleo, y es además precario, qué vamos a decir de los que tienen discapacidad. Es verdad que el mundo para un joven discapacitado es un tanto más hostil que para un joven sin discapacidad. Pero menos hostil que lo que era para un joven discapacitado hace veinte años. Debemos recoger ese testigo e intentar trasladarlo con todas nuestras fuerzas lo más lejos posible para que la próxima generación de jóvenes no encuentre las dificultades que han encontrado o estamos encontrando los jóvenes de hoy.

 

¿Qué le pide a este Gobierno y a esta Legislatura?

Le pediría a este Gobierno lo que le pueden pedir todos los votantes socialistas y probablemente los que no votaron al PSOE. En primer término, que cumplan el programa electoral que les llevó al Gobierno. En el programa electoral del PSOE, al igual que el del PP, había medidas concretas muy importantes para las personas con discapacidad. Afortunadamente todos los grupos políticos que se presentaban a estas elecciones tenían menciones en mayor o menor medida a las personas con discapacidad. Por tanto, como secretario general del CERMI, lo primero que tengo es la obligación de pedirle al Gobierno que haga aquello a que se ha comprometido ante todos los españoles a hacer. Además, le pediría que avance en la medida de lo posible con los demás grupos políticos para garantizar esa participación, esa democracia participativa dentro de sus propias estructuras, es decir, que incorporen todos los partidos a las personas con discapacidad en su seno en la sana convicción de que es la mejor forma para poder tener en cuenta las necesidades del sector. Si hacemos esas dos cuestiones y mantenemos un nivel de diálogo y de reconocimiento social hacia las entidades que como el CERMI vienen trabajando por los derechos fundamentales del individuo, podríamos decir que la legislatura del Partido Socialista, la primera legislatura del Gobierno de Zapatero ha aumentado y mejorado el camino de los últimos años. Y al final, en temas de discapacidad, como en otros aspectos que atañen directamente a los derechos básicos del ciudadano, no hay vuelta atrás, no hay camino de retorno. Sólo podemos definir el grado de velocidad, el grado de intensidad con la que queremos avanzar, pero no se podrá volver atrás.

 

¿Qué objetivos se marca el CERMI para este año 2005?

El primero, el desarrollo normativo, legislativo: el desarrollo de la LIONDAU y de todas las leyes que tienen que ver la luz en los próximos meses. Aparte, tenemos que participar de forma activa en todo el Sistema Nacional de Atención a las Personas en situación de Dependencia. Tenemos que efectuar el seguimiento oportuno para que aquellos compromisos electorales que aparecen en la agenda del Gobierno vean la luz, o que aparecen en la agenda del Partido Socialista vean la luz a través del Gobierno. Tenemos, en clave externa, que trabajar y estar especialmente pendientes de todo lo que pueda suceder en Europa, porque somos y nos sentimos europeos y las políticas sociales también tienen que tener un enmarque en las políticas globales de la Unión, y en clave más doméstica, más interna, tenemos que ser capaces de impulsar a los CERMIS Autonómicos porque cada vez hay más competencias que corresponden a esos gobiernos autonómicos y cada vez se hace más necesario que las políticas se vertebren, y las actuaciones se ejecuten con la participación de las personas con discapacidad en el ámbito concreto.

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