ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El ministro de Justicia, entrevistado en el último número del periódico ‘cermi.es’

28.11.2006

• López Aguilar: "trabajar a favor de las personas con discapacidad es de lo que más satisfecho me siento como ministro"

 

• El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también ha sido entrevistado por el periódico de la discapacidad

 

El periódico de la discapacidad, cermi.es, órgano de expresión del CERMI, ha publicado en su número de noviembre una entrevista con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, donde ha confesado sentirse honestamente orgulloso por su trabajo en favor de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades. Asegura que "es una de las grandes satisfacciones de mi mandato este contacto con el CERMI, mi incorporación al Real Patronato sobre Discapacidad, que periódicamente nos obliga a repasar la agenda de lo que hacemos para intentar integrar a este grupo social, tan largamente ignorado o hecho invisible en el imaginario de los españoles."

 

Sobre los avances que se han hecho desde su ministerio para contribuir a la inserción de las personas con discapacidad, destaca "hemos asegurado porcentajes de plazas en el acceso a todos los cuerpos de funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia, incluidos notarios y registradores, es decir, que todos los cuerpos tradicionalmente considerados de élite o más selectivos van a tener ese porcentaje absolutamente garantizado por ley." Además, resalta "hemos establecido por ley la interpretación al lenguaje de signos y otros apoyos para las personas con discapacidad auditiva a la hora de enfrentarse a la realización de sus derechos a la Administración de Justicia."

 

En alusión al convenio que el Ministerio de Justicia firmó con el CERMI para la eliminación de barreras, el ministro asegura que han incorporado, como un vector permanente, las inversiones en la eliminación de barreras arquitectónicas. "Todas las nuevas obras que están dirigidas a construir las nuevas sedes de la nueva oficina judicial cumplen ya de oficio el mandato de que hayan removido las barreras arquitectónicas", asevera el ministro.

 

Finalmente, para contribuir a la equiparación de igualdades y no discriminación, López Aguilar asegura que "se está incorporando el mensaje de que la realización de derechos no está nunca completa mientras no miremos al grupo social largamente ignorado cuando no, marginados o criminalizado. Son ciudadanos iguales en derechos a los demás y nos hemos comprometido a asumirlo como un principio de modernización de la Administración de Justicia a través de dos vías: una, el establecimiento de un ‘Manual de Prácticas Procesales’, que ayude a las personas con discapacidad a acercarse a la Administración de Justicia y realizar sus derechos; y otra, la implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia que permitan a las personas con discapacidad contar con las herramientas adecuadas para relacionarse con la Administración de Justicia."

 

En este número, también aparece una amplia entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, donde asegura que la reforma del Estatuto de Autonomía "garantiza la protección de los derechos sociales en general y de los que afectan a la población con discapacidad en particular".

 

Chaves afirma que el Estatuto contemplará dos figuras jurídicas para un tratamiento diferenciador y propio en el conjunto de los derechos sociales. "La primera es una cláusula de salvaguarda para medidas futuras, por cuanto planteamos, dentro del apartado de la prohibición de la discriminación, la excepción de acciones positivas para sectores o personas desfavorecidas. Lo siguiente es un artículo propio que contempla ayudas y prestaciones para personas con discapacidad o dependencia", según el presidente de la Junta.

 

El Estatuto, asegura, "ha sido sensible y ha procurado trasladar con fidelidad las peticiones planteadas". Entre otras cuestiones "aboga por la especial atención a las personas en situación de dependencia y por la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad". Según Chaves, la medida de mayor impacto para conseguir la igualdad de las personas con discapacidad es "remover las dificultades del mercado de trabajo, promoviendo la integración sociolaboral, una reflexión que debería impregnar la política laboral en nuestro país." También se refiere a la preocupación que genera el hecho de que la tasa de paro entre la población activa con discapacidad supera en más de 20 puntos el de la media de Andalucía.

 

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social contempla en su estructura organizativa una Dirección General de Personas con Discapacidad, que entre otras actuaciones está desarrollando el proyecto de Mejora de la Calidad de la Atención a Personas con Discapacidad (MCAPDA). "Desde el pasado año concedemos una ayuda a las familias andaluzas que se decidan a la contratación de un cuidador para un familiar con una discapacidad del 75% o padezca una enfermedad crónica que necesite de atención continuada", destaca Chaves.

 

Sobre el I Plan Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía, indica que "en un solo año, como fue 2004, los recursos presupuestarios destinados a la discapacidad se multiplicaron por cuatro frente a las previsiones iniciales y ascendieron a 860 millones de euros. Cuando finalice el vigente pondremos en marcha el II Plan, de enfoque multidisciplinar, que aborda aspectos como las medidas sanitarias, la atención bucodental para las personas con discapacidad o las educativas, que aspiran a una mejor formación del profesorado para reforzar las necesidades educativas de alumnos con necesidades especiales". Además, señala, "hemos alcanzado un nivel de escolarización de los alumnos con discapacidad de un 90%, introducimos la gratuidad de las tasas universitarias y la reserva del 3% de las plazas universitarias para personas con discapacidad." También incluye medidas para propiciar la inserción laboral, como la eliminación de las barreras arquitectónicas en los centros de trabajo.

 

A este respecto, señala que su promesa electoral de elevar al 5% la cuota de reserva de empleo público para las personas con discapacidad es una "realidad tangible". Además, "la oferta de 2006 contempla una previsión de 4.261 plazas, de las cuales 213 le corresponderán a personas con discapacida." En este sentido, Chaves se plantea que "el mundo empresarial debe reflexionar sobre la necesidad de adoptar medidas equivalentes a las que toma la Administración. Son inercias que el mercado de trabajo arrastra y para cuya superación son necesarios muchos esfuerzos, y siempre el primero de los pasos lo dan por norma las instituciones públicas."

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