ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El Gobierno acepta las propuestas del CERMI e incorpora ayudas para que estas personas accedan a una vivienda o puedan eliminar barreras en la que ya tienen

11.07.2005

El nuevo Plan de Vivienda incluye a las personas con discapacidad como grupo preferente
 

El nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 incluye a las personas con discapacidad entre los principales beneficiarios del mismo y establece ayudas de hasta 7.900 euros dirigidas a estas personas para la adquisición de una vivienda.

 

El Gobierno ha aceptado las demandas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para lograr que el nuevo parque de viviendas protegidas reúnas las necesarias condiciones de accesibilidad y se faciliten las ayudas pertinentes para acometer las obras de reforma y rehabilitación adecuadas en las que ya están construidas.

 

El plan incorpora el concepto de persona con discapacidad en base a la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y otorga una protección preferente a las personas con discapacidad y sus familias.

 

De esta forma, facilita la transmisión de la vivienda a las personas con discapacidad y a sus familias cuando tengan que cambiarse a una vivienda accesible, sin tener que devolver ayudas económicas y permite que puedan acceder a una vivienda protegida que se adapte mejor a sus circunstancias personales, aun cuando tengan otra vivienda cuyo valor cumpla unos requisitos.

 

En la rehabilitación se van a suprimir barreras de todo tipo para las personas con discapacidad, así como adecuar el edificio o la vivienda sus necesidades específicas. Para facilitar estas ayudas no será necesario que la vivienda cuente con una antigüedad mínima de 15 años, como ocurre en los otros casos.


 

Asimismo, las personas con discapacidad podrán recibir ayudas de 7.900 a 4.900 euros (en función de la renta y circunstancias personales) para financiar la entrada para la compra de una vivienda protegida.


 

El nuevo plan también incluye a los discapacitados entre los colectivos que tendrán preferencia para la concesión de "subvenciones a inquilinos", hasta un máximo de 2.880 euros anuales e incluye ayudas de hasta 3.100 euros para la mejora de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras.

 

El objetivo global del Gobierno es "poner a disposición de las familias españolas, a precios asequibles, 180.000 viviendas anuales, tanto en propiedad como en régimen de alquiler". Para lograrlo, el gasto del Estado en la financiación del Plan de Vivienda asciende a 6.822 millones de euros, que se irán repercutiendo en los Presupuestos Generales del Estado a lo largo de los próximos 28 años. Además, el plan supone la movilización de unos préstamos totales por un importe superior a los 33.000 millones de euros.

 

MÁS ALQUILER

 

Los objetivos básicos del Plan de Vivienda se centran en fomentar el alquiler de viviendas, para lograr un mayor equilibrio entre esta forma de disfrutar de una casa y la propiedad, al tiempo que se persigue incrementar el parque de pisos protegidos (VPO) para conseguir satisfacer las necesidades de los ciudadanos con menores recursos económicos o con situaciones personales especiales.

 

Así, se pondrán disposición de los hogares 176.000 viviendas en alquiler durante los cuatro años de duración del plan, lo que significa multiplicar por ocho el número que preveía el anterior Plan de Vivienda.

 

La calidad, sostenibilidad y accesibilidad son otros de los ejes que conforman el Plan de Vivienda 2005-2008, para lo que se fomentará la puesta en uso del parque de viviendas ya existente a través de la rehabilitación de zonas degradadas y la remodelación de barrios.

 

El objetivo es establecer áreas de rehabilitación integral para recuperar los centros de las ciudades o los barrios más degradados, ayudar a la rehabilitación de los centros históricos de las ciudades declarados Bienes de Interés Cultural y promover la rehabilitación de edificios y viviendas para mejorar la seguridad de los mismos y facilitar el ahorro energético.

 

Los destinatarios del Plan de Vivienda aprobado son los ciudadanos con menores ingresos y los colectivos con necesidades específicas, por lo que junto a las personas con discapacidad se incluyen entre los sectores preferentes a los jóvenes, que constituyen el 80% de los demandantes de vivienda; los mayores; las familias monoparentales y las numerosas, las víctimas de la violencia de género o el terrorismo y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.


RENTAS MEDIAS

Asimismo, el Ejecutivo quiere que puedan beneficiarse del plan las personas con rentas medias, que hasta ahora estaban excluidas de tener una vivienda protegida y al tiempo no pueden adquirir una vivienda en el mercado libre. Para ello se crea un nuevo tipo de vivienda protegida, la de precio concertado, tanto para alquiler como para compra.

 

El plan busca la creación de un parque de viviendas protegidas estable que permita el acceso a este tipo de vivienda a la mayor parte posible de ciudadanos al tiempo que se dificulta el fraude en la transmisión de estas viviendas.

 

Por eso, el plazo de protección se extiende a lo largo de toda la vida útil, con un mínimo de 30 años, pudiendo ser superior según la normativa de las comunidades autónomas.

 

Al mismo tiempo, se dispone que, para la venta y adjudicación de las viviendas protegidas, se utilicen los registros públicos de demandantes, u otros instrumentos análogos, que garanticen la igualdad, transparencia y objetividad de las transacciones.

 

Una de las líneas básicas del Plan de Vivienda 2005-2008 es la creación de un parque estable de viviendas protegidas del que puedan beneficiarse distintas personas a lo largo del tiempo. Por ello, se establece que, pasados 10 años, la vivienda se puede vender a terceros en determinadas condiciones y siempre sin perjudicar a los propietarios que decidan ponerla a la venta.

 

El plan estipula que el precio máximo al que se podrá trasmitir la vivienda será el de adquisición, actualizado por la inflación, y multiplicado por un coeficiente que determinarán las diferentes regiones.
 

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