ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El Congreso tramitará la reforma para eliminar el término 'disminuido’ de la Constitución

01.10.2021

FUENTE: SERVIMEDIA

El Congreso de los diputados tramitará el proyecto de ley para reformar el artículo 49 de la Constitución –el referido a las personas con discapacidad--, tras rechazar hoy las dos enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox, que recibieron 205 votos en contra, dos abstenciones y 142 votos a favor.
 
Aprobada en Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo, la nueva redacción de esre artículo de la Carta Magna propone sustituir el término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’.
 
La reforma también establece una protección reforzada de los derechos de las personas con discapacidad por parte de los poderes públicos; indica que estos deben tener como objetivos la autonomía personal y la inclusión del colectivo en la elaboración de sus políticas; reconoce la especial vulnerabilidad de mujeres y niñas, y defiende la participación de las asociaciones representativas del sector en todas las decisiones que les afecten.
 
La iniciativa podrá pues seguir su trámite en ponencia, comisión y Pleno, pero para su aprobación definitiva precisará el apoyo de tres quintas partes del pleno en ambas cámaras, por lo que los 140 diputados que suman PP y Vox sí pueden impedirla.
 
El Comité Español de Representantes de Personas Con discapacidad (Cermi), impulsor de la reforma, pidió a PP y Vox que reconsideren su postura. Según su presidente, Luis Cayo Pérez, “desde el movimiento de la discapacidad seguiremos trabajando con los grupos políticos que tienen dudas para convencerlos y llevarlos a “un logro de país y de sociedad” del que no pueden sentirse ajenos”.
 
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subió a la tribuna para defender el proyecto de ley, y afirmó que “esta reforma tiene unos destinatarios directos, que son las personas con discapacidad, y un beneficiario común, que es el conjunto de la sociedad”.
 
“Cada vez que se reconocen nuevos derechos a un colectivo, se amplía la frontera para los derechos de todos; cada vez que una sola persona consigue un derecho para sí, gana la democracia”, afirmó Bolaños.
 
“Cuando hablamos de ampliar derechos y libertades, cuando hablamos de reformas que amplían el derecho de ciudadanía y luchan contra la discriminación, el consenso es un deber”, subrayó.
 
SIN RIGOR NI CONSENSO
 
Para la portavoz del PP, Isabel Borrego, esta reforma ha nacido ”sin consenso, de manera irresponsable y sin rigor jurídico técnico”, ya que “eleva a rango constitucional contenidos que no son propios, puede generar agravios comparativos entre organizaciones y tiene una redacción confusa, que puede dar lugar a equívocos”.
 
Apuntó que una reforma constitucional requiere “un clima de consenso que ahora mismo no se da”, sobre todo si se pretende utilizar “buscando réditos políticos”, y advirtió al Gobierno sobre “el melón que se puede abrir”.
 
Sí admitió que “la terminología que emplea el artículo 49 no es la adecuada”, y se mostró partidaria de suprimir el vocablo ‘disminuido’.
 
"Ahora bien, esa terminología, en uso en su día, no ha impedido que hayamos trabajado durante todos estos años para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad y proteger sus derechos”, destacó Rodríguez.
 
La diputada de Vox Macarena Olona coincidió con Borrego en apuntar al informe del Consejo de Estado que, en opinión de ambas, “se opone a la reforma”.
 
Para Olona, la reforma constitucional que impulsa el Gobierno “contiene gravísimas tachas técnicas” y "causa estupor" por su mención a mujeres y niñas.
 
“No va a suponer ni un solo derecho nuevo para las personas con discapacidad, y no garantiza que se cumplan los que ya existen”, subrayó.
 
Sostuvo que este Gobierno no tiene además la “legitimidad moral, que no política y legal, para proponer una reforma de la Constitución”, porque “fue inconstitucional y obsceno que impusiesen un Estado de excepción encubierto, y fue también constitucional y obsceno que cerrasen esta Cámara (por el Congreso) en el momento en que más falta hacía”.
 
NI UN SOLO MOTIVO
 
En su intervención, el ministro afirmó no encontrar “ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad”, y subrayó la voluntad del Gobierno de “llegar a acuerdos” durante el trámite parlamentario del proyecto de ley, a fin de “mejorarlo y lograr el máximo consenso posible”.
 
“Desde ya les digo que estamos dispuestos a negociar” y a incorporar “otras propuestas para mejorar el texto”, declaró.
 
Por ello, Bolaños dijo “esperar que, tras todo el proceso de diálogo necesario, alcancemos esa mayoría reforzada (tres quintas partes)” que necesita para a probar la reforma constitucional.
 
“No concibo que esta reforma no se apruebe por una mayoría amplísima de esta cámara”, resaltó.
 
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, subrayó que “el lenguaje si puede ayudar a defender derechos”, y echó en cara a PP y a Vox que, con sus enmiendas, se oponen a que a “las personas con discapacidad les dejen de llamar disminuidos, que es un término claramente ofensivo”.
 
Rechazó además que el Informe del Consejo de estado sea contrario a la reforma, sobre la que “hace recomendaciones”, y que el proyecto de ley implique otras modificaciones del texto constitucional.
 
“Nosotros también estamos aquí para introducir mejoras”, pero con su actitud, ustedes se oponen al reconocimiento de derechos para un colectivo”.
 
Joan Baldoví (Compromís) y Josep Pagès (JxCat) insistieron también en el derecho de las personas con discapacidad, igual que cualquier otro colectivo, “a decidir cómo quieren ser nombradas”, y apuntaron la necesidad de adaptar la Constitución a la nueva realidad de la sociedad española, que “ha evolucionado mucho en más de 40 años”.
 
Según el portavoz de Unidas-Podemos, Ismael Cortés, este es, de hecho, el motivo por el que PP y vox rechazan esta reforma. “Creo que ustedes lo que quieren es mantener el estatus quo, y se niegan a cualquier avance, con independencia del contenido”, afirmó este diputado.
 
El portavoz socialista en la comisión de Derechos Sociales y Políticas integrales para la Discapacidad, Joan Ruiz, acusó al PP de “ser rehén de su competencia con Vox por la derecha”, y afirmó que esta propuesta “no abre ningún melón”.
 
“Les esperamos en la Comisión Constitucional (para debatir), pues aquí no se ha dicho nada que no se pueda negociar”, zanjó.
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