ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El CERMI señala que la situación de las personas con discapacidad empeoró en este último año

10.12.2014

FUENTE: SERVIMEDIA

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha declarado este miércoles, Día de los Derechos Humanos, que “en España se puede apreciar un empeoramiento en la situación de las personas con discapacidad”. Estas declaraciones se produjeron con motivo de un desayuno organizado por la Agencia de Noticias Servimedia.

Además, En este encuentro el presidente del CERMI también presentó el  Informe sobre la situación de los derechos humanos y de las personas con discapacidad en España en 2013.

El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad y da a conocer las vulneraciones más graves, a fin de formular propuestas de solución o mejora, así como que detecta y expone las buenas prácticas en el despliegue del texto jurídico internacional de la discapacidad.

Este sexto informe mantiene una línea similar a los anteriores y continúa su estudio sobre los temas que en mayor medida atentan contra los principales derechos del sector. Entre otros, quedan patentes la discriminación que sufren cerca de 80. 000  personas que ven imposibilitado su derecho al sufragio universal, la continua violencia ejercida contra la mujer con discapacidad y la necesidad de abordarla con un mejor y mayor tratamiento, y la persistencia de tratamientos discriminatorios, especial mente con las esterilizaciones forzadas, hacia las personas con enfermedad mental así como una importante discriminación añadida si se aprueba la reforma del código penal que proyecta el Gobierno.

Según ha declarado Pérez Bueno, el informe, como el de años anteriores, constata  que el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos con discapacidad en España "empeora" desde 2008. En esta situación de declive el presidente del CERMI ha señalado dos factores fundamentales: la crisis económica, social y financiera y la "inacción" de las administraciones públicas.

Según recoge el informe, durante 2013, el número de consultas atendidas en la Asesoría Jurídica del CERMI ascendieron a un total de 422, con respecto a 2012, se han registrado 105 consultas más, lo que supone un 33,1% más. Del total de las consultas recibidas, 32 se han tramitado como posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
 
En este sentido, el 60% de las consultas fueron realizadas por hombres y el 40% fueron realizadas por mujeres, cifras similares a otros años, por lo que las mujeres siguen accediendo al servicio de orientación del CERMI en menor número que los hombres, aunque en la población con discapacidad hay más mujeres que hombres.

En este sentido, la principal denuncia del informe en temas de mujer es la violencia, ya que según la Macroencuesta de Violencia de Género de 2011, las mujeres y madres con discapacidad son víctimas de violencia de género con mucho mayor frecuencia que las mujeres sin discapacidad. Durante el año 2012 se identificaron 7 víctimas de violencia de género con discapacidad, de las 52 víctimas mortales, lo que supone el 13,46% sobre el total.

Según ha destacado el presidente del CERMI “mucha de la problemática del sector de la discapacidad es debido a l imaginario colectivo de instituciones y sociedad, sin un cambio en el mismo no se tomará conciencia global de las vulneraciones en los derechos de las personas con discapacidad”.

Además, para Pérez Bueno, ha destacado que “el problema no es la discapacidad, si no la actitud de las instituciones, que ajenas al discurso que ofrecen a la sociedad, no subsanan los incumplimientos formales de estos derechos”

El informe España 2013 ‘Derechos Humanos y Discapacidad’ del CERMI contribuye a crear una conciencia social y sirve de herramienta política que ha sido remitida al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Ginebra, Suiza), así como al Gobierno de España, las Cortes Generales, a través de la Comisión de la Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.

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