El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) expresa su rotundo rechazo a las intenciones del Gobierno y de las Comunidades Autónomas de implantar el copago para el uso de transporte sanitario no urgente, ya que esta medida supone una barrera más para el acceso a la atención sanitaria y a los cuidados de salud de las personas con discapacidad.

El CERMI exige que las personas con discapacidad oficialmente reconocida y las personas con enfermedades crónicas o que necesitan atenciones de salud prolongadas en el tiempo queden exentas de cualquier tipo de aportación económica en la prestación de transporte sanitario, sea urgente o no, pues un sobrecoste de esta clase pone en peligro la continuidad de los tratamientos, comprometiendo el derecho a la salud protegido constitucionalmente.

En el caso de muchas personas con discapacidad, el transporte sanitario es el único que garantiza los desplazamientos entre el domicilio y los centros de salud y los hospitales, puesto que el transporte público no reúne todavía condiciones de accesibilidad para que estas personas puedan circular con normalidad y seguridad.

La instauración de nuevas aportaciones económicas para recibir atención sanitaria ahonda la fractura que las personas con discapacidad siguen sufriendo en su acceso a las prestaciones de sistema nacional de salud, por lo que la oposición del movimiento social de la discapacidad al copago es absoluta.