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El CERMI rechaza el anteproyecto de Ley General Audiovisual, al no garantizar la accesibilidad universal

13.10.2005

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que el anteproyecto de Ley General Audiovisual que ha preparado el Gobierno no garantiza el derecho de estas personas a acceder en igualdad de condiciones a los servicios audiovisuales.

 

El CERMI ha expresado su rechazo al texto, al considerar que no garantiza el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminadas y no tiene en cuenta las especiales necesidades del colectivo.

 

Fernando García Soria, miembro del Grupo de Trabajo de Accesibilidad Audiovisual del CERMI y experto en nuevas tecnologías de la ONCE, declaró a "Solidaridad Digital" que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las aportaciones y propuestas que formularon los representantes del movimiento asociativo en el Foro Técnico de la Televisión Digital Terrestre.

 

García expresó su confianza en que el texto se modifique durante su tramitación, para que recoja las demandas de las personas con discapacidad y garantice la accesibilidad universal a los medios audiovisuales.

 

Los expertos del CERMI consideran que el anteproyecto supone un retroceso en la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos y retrotrae a etapas superadas en que las leyes y las políticas públicas de discapacidad se inspiraban en la beneficencia y en la caridad.

 


El texto no establece el derecho de las personas a no ser discriminadas en el acceso a los medios audiovisuales, ni garantiza un uso regular y normalizado por su parte, imponiendo obligaciones de efectivo cumplimiento.

 

Además, Begoña Gómez Nieto, también miembro de la Comisión de Accesibilidad del CERMI y asesora técnica de FIAPAS, afirma que "es incoherente con los principios, mandatos y plazos que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal".

 

Gómez destacó que no existe correlación alguna entre ambas normas y que el anteproyecto tampoco incorpora en su articulado las obligaciones derivadas del Plan General de Accesibilidad 2004-2012.

 


"Aunque el anteproyecto hace mención a los Servicios de Apoyo a la Comunicación en los contenidos audiovisuales", agregó, "el subtitulado, la lengua de signos y la audiodescripción, no contempla otros servicios de accesibilidad indispensables: menús de navegación, guías electrónicas y otros productos, servicios y datos propios de la próxima era digital".

 

PLAZOS


A los expertos del CERMI les desconcierta la progresión de los porcentajes de accesibilidad que marca el texto, ya que en ocasiones marca un plazo de hasta diez años para que los operadores adopten las medidas oportunas.

 

Por ejemplo, los canales generalistas y en abierto del servicio público de televisión de ámbito estatal sólo estarán obligados a subtitular su programación al cien por cien en 2015 (en 2010 sólo el 60%).

 

Por su parte, las personas usuarias de lengua de signos sólo verán en 2015 un 10 por ciento de la programación con versión en lengua de signos y ese año los usuarios de audiodescripción sólo dispondrán de este servicio en una décima parte de la programación de estos canales del servicio público de televisión de ámbito estatal.

 

Pero esta desigualdad de condiciones de accesibilidad aún empeora en los porcentajes que establece el borrador para los canales en abierto de los titulares de licencia de ámbito estatal. En 2015 estarán obligados a subtitular el 80 por ciento de su programación mientras que sólo estarán obligados a ofrecer versión en lengua de signos y audiodescripción en un 5 por ciento de su parrilla.

 


El CERMI lamenta también la exención de obligaciones para los ámbitos locales o los de acceso condicional que marca el texto.

 

Asimismo, el Comité ha mostrado su perplejidad por una disposición adicional que incluye el articulado que establece que las medidas de accesibilidad no serán aplicables cuando los costes superen unos mínimos porcentajes.

 


Para el CERMI, "someter el ejercicio de derechos fundamentales a un pretendido coste es cuando menos aberrante e impropio de sociedades democráticas avanzadas".

 

 

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