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El CERMI propone medidas para evitar la discriminación en materia de seguros por razón de discapacidad

18.05.2011

FUENTE: CERMI

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Así, el CERMI ha elaborado una serie de propuestas en relación al Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados y al Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado diferentes propuestas en relación al Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados y al Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro, que ha manifestado a través de dos cartas dirigidas al director general de Seguros del Ministerio de Economía y Haciendo, Ricardo Lozano; y al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, respectivamente.

El objetivo de las propuestas del sector social de la discapacidad, en nombre del CERMI, es evitar situaciones de discriminación a las personas con discapacidad por parte de las entidades aseguradoras, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades.

Así, en relación a ambos anteproyectos de Ley, el CERMI considera que la información al tomador del seguro, así como la información previa al contrato del seguro sea accesible, adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, “prestando especial atención a la eliminación de barreras de comunicación y comprensión que afecten a personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, poniendo a su disposición medios alternativos y de apoyo que sean precisos”.

El Comité plantea que las entidades aseguradoras estén obligadas a adoptar las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, como es el caso de: facilitar el acceso de estas personas a sus dependencias, instalaciones y servicios, arbitrar los mecanismos para su adecuada atención, y realizar estudios de tipificación de los riesgos que puedan verse afectados por las distintas discapacidades.

También propone que no se podrá discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de los seguros, en el sentido en que se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, o el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas por razón de discapacidad, excepto si está justificado.

En este sentido, considera como infracción muy grave, en materia de discriminación de personas con discapacidad, el incumplimiento de estas obligaciones.

Con respecto al artículo que establece el concepto y las clases de seguros de vida del Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro, el CERMI pide que se suprima la referencia a “personas con capacidad modificada”, cuando dicta que “no se puede contratar un seguro para caso de muerte”, estableciéndose, de esta manera, sólo sobre menores de catorce años de edad.

El CERMI opina que corresponde a los poderes públicos continuar con las “necesarias” modificaciones legislativas que adapten el marco legal español a la realidad actual en el ámbito de los seguros, a la Constitución, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley sobre Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

Según establece la Convención de la ONU, “se prohibirá la discriminación en el ámbito de los seguros a favor de las personas con discapacidad, siendo, por ello, necesario que exista en la normativa, una consideración de la situación específica de estas personas en su relación con las entidades aseguradoras”.

“El reto de los servicios de seguros es no excluir a nadir, creando productos usables por todos y promoviendo la generación y divulgación de buenas prácticas”, continúa.

Por un lado, para el CERMI, “es necesario que la ley proteja el derecho a la información de estos consumidores más vulnerables frente a las compañías aseguradoras; y, por otro lado, opina que se producen situaciones de discriminación en los supuestos de contratación de seguros por personas con discapacidad porque hay una tendencia a confundir la situación de “salud” con la situación “discapacidad e integridad física”.

“Las compañías aseguradoras tienen la obligación de evaluar el riesgo adecuadamente, basándose en circunstancias objetivas”, agrega.  

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