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El CERMI plantea que la nueva Ley de Formación Profesional active laboralmente a las personas con discapacidad

07.04.2021

FUENTE: CERMI 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha planteado que la nueva Ley de Formación Profesional active laboralmente a las personas con discapacidad.

Así lo propone en un documento de posición del movimiento asociativo de la discapacidad, integrado en el CERMI, en el que plantea diversas cuestiones de relevancia para el sector de la discapacidad para ser tenidas en cuenta en la elaboración de la nueva Ley de Formación Profesional anunciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Según indica el Observatorio de la Formación Profesional, los y las estudiantes con discapacidad cursando estudios de Formación Profesional suponen el 1,45% del total de estudiantes.  En este contexto, el CERMI explica que, aunque la normativa educativa establece que el alumnado con necesidades educativas especiales contará con las adaptaciones y apoyos necesarios en las distintas etapas educativas, incluida la formación profesional, “la realidad es que esto solo se cumple con ciertas garantías de la enseñanza obligatoria, pero no suele ser así en la enseñanza postobligatoria”.

Para el CERMI, “se hace indispensable” que la normativa que rija el sistema de formación profesional “incorpore los mandatos de la Convención de la ONU”, y demanda que el derecho a la educación inclusiva impregne todo el articulado de la nueva Ley de Formación Profesional, al tiempo que dicho derecho guíe la organización del currículum.

En cuanto a la oferta formativa, el CERMI plantea que “es necesario garantizar una oferta pública de ciclos formativos adecuada y suficiente”, incluyendo su cobertura en zonas rurales; la homogeneización en todas las Comunidades Autónomas de la FP Dual; un currículo de ciclos formativos que garanticen competencias vinculadas a la inclusión; y prever y promover la colaboración de las entidades del Tercer Sector tanto en el proceso formativo como en las prácticas profesionales.

Por otra parte, el CERMI propone que la norma debe garantizar la orientación educativa, vocacional y profesional, para las personas con necesidades educativas especiales. En este sentido, en su acceso a la FP, “se deberán tener en cuenta todas las adaptaciones, medidas organizativas, alternativas metodológicas y recursos de apoyo que haya tenido este alumnado durante los cursos y etapas anteriores”. Asimismo, “se deberá incorporar el derecho a la educación inclusiva, el diseño para todos y la accesibilidad universal en los cursos de formación específicos preparatorios para este acceso”, y “se debe establecer un porcentaje no inferior al 7% de plazas reservadas para este alumnado”.

El documento elaborado por el CERMI también indica que la nueva normativa debe incorporar la atención a la diversidad reflejada en la garantía de la accesibilidad universal y el diseño universal de aprendizaje tanto en el proceso formativo como en la evaluación y prácticas profesionales; en lo referido a las lenguas extranjeras con medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación; en una reducción de la ratio de estudiantes/aula con alumnado con necesidades educativas especiales; en la toma de conciencia, sensibilización y formación de toda la comunidad educativa; y en la participación activa tanto de este alumnado como del profesorado con discapacidad.

Otra de las cuestiones planteadas hace referencia a la modalidad de Formación Profesional Básica para ajustarla a las necesidades de capacitación para el acceso al ámbito laboral. Para ello, el Comité propone no exigir como requisito de acceso haber cursado el primer ciclo de ESO; ampliar el plazo máximo de permanencia; o disponer de una oferta de FP Básica sin límite máximo de edad, en régimen de adultos y oferta modular presencial.

Por último, el CERMI considera que la atención a la diversidad debe incluirse entre los indicadores educativos comunes “puesto que la atención a la diversidad es, sin duda, no sólo un principio de calidad, sino uno de los indicadores más evidentes para evaluar la calidad del Sistema Educativo y de la enseñanza”.  “Por no abundar acerca de lo que refleja en relación con el nivel de desarrollo y de madurez de un país y una sociedad”, agrega.

 

 

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