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El CERMI plantea al Parlamento que el ingreso mínimo vital no deje de lado la mayor exclusión y pobreza de las personas con discapacidad

25.06.2020

FUENTE: SERVIMEDIA 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) va a plantear al Congreso de los Diputados que la regulación de ingreso mínimo vital, en esa Cámara en estos momentos, no deje de lado la situación de mayor exclusión y pobreza de las personas con discapacidad y sus familias, y se le dé la respuesta legislativa adecuada.

Así se ha expresado hoy el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en un seminario virtual promovido por la Confederación Plena Inclusión y por la agencia de noticias Servimedia, dedicado al ingreso mínimo vital y las personas con discapacidad, en el que ha participado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Además del ministro, ha intervenido en el diálogo el director de Plena Inclusión, Enrique Galván Lamet; el director de DinCat, Carles Campuzano i Canadés y la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz.

Para el movimiento de la discapacidad representado por CERMI, señaló Pérez Bueno, la regulación vigente de urgencia del Ingreso Mínimo Vital, aprobada por real decreto-ley, desde el punto de vista de este sector, es manifiestamente mejorable, pues no ha tenido en cuenta las singularidades en términos de exclusión más intensa a las que están sometidas las personas con discapacidad y los hogares en los que estas personas pertenecen.

Hay margen de mejora, mucho, apuntó el presidente del CERMI, y apelamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios, para que lo pongan en práctica en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital, que comenzará en septiembre próximo.

El CERMI ha confeccionado un completo documento de enmiendas al proyecto de Ley, con muchas aportaciones de Plena Inclusión, como entidad miembro, que hará llegar de inmediato a los partidos políticos con representación parlamentaria y al Ejecutivo, con todas sus propuestas de mejora, para que sean consideradas y asumidas en el texto final que aprueben las Cortes.

El ingreso mínimo vital estatal, apreciado globalmente, es un hito en nuestra frágil arquitectura de protección social en España, pero desde la óptica particular de la discapacidad es deficitario, no ha sido sensible a esta realidad, y esas insuficiencias deben desde luego subsanarse por el Parlamento.

 

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