ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El CERMI pide una reforma de las pensiones no contributivas para que sólo se tenga en cuenta la renta personal de los beneficiarios

29.12.2008

Nota informativa

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, que elevará al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso y en el Senado, para que a la hora de conceder las pensiones no contributivas de "invalidez" sólo se tenga en cuenta la renta personal de los eventuales beneficiarios y no la de la unidad económica en la que éstos se integran.  

 

La Ley General de la Seguridad Social regula las llamadas pensiones no contributivas de "invalidez". Esta regulación procede, a su vez, de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, norma que, en su momento, significó un avance en la protección social al ampliar el ámbito subjetivo de la Seguridad Social, en materia de pensiones, a aquellas personas que, aun no habiendo cotizado o no habiéndolo hecho suficientemente, se encuentran en situación de necesidad por razón de edad o de discapacidad.

 

De este modo y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Española, que establece la existencia de un régimen público de Seguridad Social para "todos los ciudadanos", la Ley pasó a garantizar, como derecho subjetivo, el acceso universal a las pensiones de "invalidez" o jubilación ante situaciones de necesidad.

 

No obstante, al establecer los requisitos que conforman la situación de necesidad que da acceso a las prestaciones, la Ley 26/1990 introdujo ciertas cautelas que, en la práctica y en lo que se refiere a las pensiones de invalidez, supusieron en algún aspecto y para las personas que presentan una discapacidad grave, una modificación respecto de la situación precedente, basada en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos que al establecer el derecho al "subsidio de garantía de ingresos mínimos" tomaba en consideración únicamente los recursos económicos de la persona.

 

Por el contrario, la Ley 26/1990 y, posteriormente, el actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, refieren el requisito de carencia de rentas suficientes no sólo a la situación de personal del beneficiario, sino también a la de la unidad económica de convivencia en la que éste se integra, entendiendo por tal la formada por el propio beneficiario y "… otras personas, sean o no beneficiarios, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco o consanguinidad hasta el segundo grado".

 

Este criterio de extender el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes al conjunto de la unidad económica de convivencia ha perdido su sentido una vez transcurridos más de quince años desde su entrada en vigor.

 

En este período se ha demostrado, por una parte, que el número de beneficiarios es ciertamente reducido e incluso presenta, en los últimos años, una tendencia clara a disminuir. Y, por otra, que el mecanismo previsto en la Ley tampoco resulta efectivo, en la práctica, al ser fácilmente evitable por el simple método de aumentar artificialmente (a veces de forma contraria a Derecho) la dimensión de la unidad de convivencia y con ello el límite de recursos que permiten acceder a la prestación.

 

Sin embargo y por el contrario, ello sí ha supuesto una importante pérdida de autonomía personal, especialmente en el caso de las personas con discapacidad severa, que se ven constreñidas en su capacidad de elección de forma de vida, por el temor a la pérdida de su derecho a pensión en función de los ingresos económicos de las personas con las que eligen o se ven obligadas a convivir.

 

Ante esta situación, ha llegado el momento de modificar la legislación actual, de manera que la consideración de la insuficiencia de recursos que da acceso a las prestaciones se refiera al beneficiario de las mismas, individualmente considerado y no a su entorno de convivencia.

  • facebook
  • twitter
  • linked in