ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El CERMI pide a la Justicia que sea implacable con las conductas violentas contra personas con discapacidad

24.07.2019

FUENTE: CERMI

Tras los sucesos de Vallirana, en los que una persona con Asperger ha sufrido agresiones sexuales por parte de un grupo de menores

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Justicia que sea implacable en el castigo de los autores de las conductas violentas contra personas con discapacidad, pues atentan y devastan la base misma de la convivencia social, victimizando aún más a un sector de población expuesto a todo tipo de vulneraciones de derechos.

Los sucesos ocurridos en la localidad catalana de Vallirana, en los que un joven con Asperger ha sido presuntamente objeto de agresiones sexuales y otros maltratos de extrema crueldad por parte de un grupo de menores, requieren una respuesta contundente de la Administración de Justicia, que repare en alguna medida lo que la sociedad en su conjunto no ha sabido asegurar ni preservar.

El CERMI se une a la rotunda condena expresada por las organizaciones catalanas y españolas que articulan al movimiento de personas con Asperger  y con TEA y sus familias, como Asperger España y Confederación Autismo España que forman parte de la plataforma global de la discapacidad, y reclama no solo una reacción a estos hechos terribles, sino una acción preventiva que evite que sucesos de este tipo puedan producirse, en el que las personas con discapacidad son diana preferente de una violencia ambiental.

Los entornos educativos, sociales y cívicos, así como las estructuras y dispositivos administrativos, policiales y judiciales deben establecer alertas tempranas y mecanismos de prevención que aseguren la indemnidad de las personas con discapacidad e impida la consumación de estos comportamientos abyectos.

La responsabilidad es desde luego de quien comete estos delitos atroces, pero la sociedad tiene un deber general de garantizar la seguridad, la integridad y la vida de todas las personas, y más firmemente de quienes como las personas con discapacidad están colocadas estructuralmente en una posición de mayor vulnerabilidad.

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