ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El CERMI ofrece las claves para entender la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad

14.12.2006

• Será el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI

 

• A partir del día 30 de marzo de 2007 los países podrán ratificar la Convención

 

• Más de 650 millones de personas, el 10% de la población, tiene alguna discapacidad y sólo cerca de 45 países cuentan con una legislación con referencias a este colectivo

 

Ante la adopción por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ofrece las claves para entender este Tratado, que dará visibilidad al colectivo de la discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.

 

Esta Convención es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional que tiene fuerza vinculante. Es decir, es una herramienta jurídica de obligado cumplimiento para los Estados una vez que lo firman y ratifican. No obstante, la Convención no entra en vigor (y por tanto no es obligatoria) hasta que se adhieran a ella al menos 20 países, lo cual podrán hacer a partir del día 30 de marzo de 2007, y entraría en vigor treinta días después.

 

La validación del texto obligaría a los países a, por ejemplo, incluir gradualmente en la construcción de nuevos edificios características que tengan en cuenta la accesibilidad universal, promover y mejorar el acceso a la educación y a la información e introducir medidas que eliminen la discriminación de las personas con discapacidad. La convención reconoce que los países necesitarán algún tiempo para aplicar plenamente estas disposiciones.

 

La Convención persigue lograr un cambio en el paradigma de la discapacidad, la cual abandonará el modelo médico y de asistencia social, para adoptar la perspectiva de la discapacidad como un tema de derechos humanos. Ofrecerá al colectivo un marco legal para el cumplimiento de sus derechos humanos y contará con un mecanismo de supervisión para defender a las personas con discapacidad como actores jurídicos. Este mecanismo de vigilancia será semejante al que existe para otros tratados de derechos humanos, por lo que deberá incluir informes de los Estados, dispositivos para la presentación de quejas e interpretaciones, participación de las organizaciones no gubernamentales y un cuerpo de vigilancia de la convención internacional con poderes suficientes.

 

Con este documento se reconocen ampliamente derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la integridad física y psíquica, a no ser sometido a tortura o tratamiento inhumano. Se recoge también el derecho a formar una familia y a tener privacidad, a la libertad de expresión, al reconocimiento como personas ante la ley y de las personas con discapacidad como minoría, entre otros. Asimismo, se garantizan derechos económicos, sociales y culturales relativos a la educación, el empleo, la salud, la accesibilidad, la calidad de vida o la cultura.

 

La Convención adopta un doble enfoque a la hora de proteger la situación de las mujeres y la de los niños y niñas con discapacidad. Por un lado, les dedica un artículo específico, para dar visibilidad, y por otro, adopta una perspectiva de transversalidad a lo largo de todo el documento.

 

Este texto internacional, que será el primer tratado sobre derechos humanos que se apruebe en el siglo XXI, abarca esferas como la accesibilidad urbana, la movilidad personal, la salud, la educación, el empleo y la participación en la vida política. Este acuerdo beneficiará a los más de 650 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, es decir aproximadamente el 10% de la población.

 

En la actualidad, sólo cerca de 45 países cuentan con una legislación referente a las personas con discapacidad, cuando las cifras apuntan a que el 80% de éstas viven en los países en desarrollo, donde el 90% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela. En las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los sectores sociales más marginados y un porcentaje muy elevado encuentra problemas, sobre todo, en el acceso al empleo.

 

Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Por su parte, el CERMI ha participado activamente en la última sesión del Comité Especial de la ONU por medio de Ana Peláez, comisionada de Mujer con Discapacidad de la Entidad representativa.

 

Ahora, el CERMI se dirigirá al Gobierno español y al resto de gobiernos de países de la Unión Europea para solicitar que ratifiquen cuanto antes el texto de la Convención y pueda, de este modo, entrar en vigor y resultar aplicable lo antes posible.

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