ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El CERMI elabora un prontuario de necesidades de las personas con discapacidad y sus familias para la gestión inmediata de la pandemia

24.03.2020

FUENTE: CERMI

  • Garantizar la accesibilidad de la información; reforzar la protección a personas con discapacidad y el personal sociosanitario que les atiende y tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad, entre las recomendaciones planteadas

 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un prontuario con las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la gestión inmediata de la pandemia por COVID-19 por parte de todas las administraciones públicas.

 

Dicho documento incluye una serie de recomendaciones que se enmarcan en los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.

 

En primer lugar, el CERMI subraya la relevancia de que se garantice la accesibilidad (subtitulado, lengua de signos, lectura fácil, audiodescripción, etc.) de la información que se facilita a la ciudadanía para evitar infecciones, planes de restricción públicas y los servicios y recursos disponibles, lo que incluye las comparecencias de portavoces de salud pública, gobernantes y autoridades, así como la información que se proporcione por canales digitales. Asimismo, señala que deben ser también accesibles los servicios de atención online y telefónicos.

 

La entidad reclama también que se evite cualquier discriminación por razón de discapacidad en el acceso a tratamientos contra el coronavirus y no “castigar” a “quien se considera diferente o de menor valor”, por lo que no se deben imponer “textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que, en ningún caso, son Derecho aplicable ni vinculan”.

 

En este sentido, el CERMI pide que se garantice durante la situación actual la atención sociosanitaria que precisen las personas con discapacidad, al tiempo que se debe proteger la salud de las personas que trabajan en este ámbito, incluidos, entre otros, los intérpretes de lengua de signos.

 

MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

 

EL movimiento CERMI exige que las acciones que se adopten durante la pandemia no solo tengan en cuenta la perspectiva de discapacidad, sino también la de género, para que las mujeres y niñas con discapacidad no queden fuera. En esta línea, alerta de la mayor exposición que sufre la población femenina con discapacidad ante la violencia machista en el actual contexto de confinamiento y reclama que las medidas que se implementen para mujeres y niñas tengan en cuenta a aquellas que tienen discapacidad.

 

Además de estas cuestiones, el CERMI insta a proteger la salud de las personas con discapacidad mediante la desinfección de puertas de entrada para personas con discapacidad, rampas, pasamanos, y productos de apoyo, entre otros; estrechar el seguimiento a quienes por su discapacidad pueden sufrir más complicaciones ante una enfermedad que afecta al sistema respiratorio; formación y toma de conciencia del personal involucrado en la respuesta al coronavirus en materia de discapacidad, y evitar la institucionalización (más allá de la necesaria por motivos de salud) o el abandono de personas con discapacidad durante la pandemia.

 

Por otro lado, la entidad recuerda que hay personas que por su discapacidad tienen prescripción médica de salir en ocasiones a la calle, por lo que se debe garantizar este derecho por parte de las autoridades. Se trata de una reivindicación planteada por el sector de la discapacidad y que fue atendida mediante la publicación de una instrucción específica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte del Ministerio de Sanidad.

 

Por último, el CERMI resalta que el tejido asociativo de la discapacidad está a disposición de las administraciones para que, mediante el diálogo civil, se adopten las medidas necesarias para garantizar una “protección social reforzada” a estas familias durante la actual crisis de salud pública.

 

 

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