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El CERMI denuncia ante el Defensor del Pueblo la ausencia de accesibilidad de los materiales lectivos del Ministerio de Educación que se emiten por televisión durante el cierre de colegios

30.03.2020

FUENTE: CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado este lunes ante el Defensor del Pueblo la ausencia de accesibilidad de los contenidos lectivos del Ministerio de Educación y Formación Profesional que se emiten por ‘Clan’, el canal infantil de Televisión Española, ante la suspensión de la actividad escolar presencial por la pandemia de coronavirus.

En su queja, que el CERMI ha hecho llegar también a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recuerda que el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido dar continuidad al curso escolar, a través de plataformas telemáticas y con el refuerzo del espacio ‘Aprendemos en casa’ de TVE.

En este sentido, el CERMI lamenta que ni estas plataformas ni el programa ‘aprendemos en casa’ hayan considerado la realidad de la infancia con discapacidad, especialmente de aquellos con discapacidad sensorial o con discapacidad intelectual o del desarrollo, ya que carecen de medidas como el subtitulado, audiodescripción, lengua de signos o lectura fácil.

“Esta ausencia de accesibilidad compromete el derecho a la educación de las personas con discapacidad durante el estado de alarma, provocando retrasos en el progreso educativo de este alumnado que afectarían a la finalización con éxito del curso escolar”, afirma la entidad.

Añade que corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a las comunidades autónomas y al ente público de RTVE asegurar esa accesibilidad universal, para garantizar “la igualdad de trato en el acceso a la Educación”.

Por último, la plataforma representativa de la discapacidad en España advierte de que con esta situación se vulnera el principio de igualdad y no discriminación de la Constitución Española, así como los mandatos legales de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Convención Internacional de la Discapacidad de la ONU.

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