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El CERMI denuncia a 9 grandes empresas por falta de accesibilidad de sus páginas de Internet

21.09.2010

FUENTE: CERMI

Logotipo del CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Ministerio de Sanidad y Política Social la ausencia de condiciones de accesibilidad de las páginas oficiales de Internet de nueve grandes empresas españolas.

De acuerdo con la Ley 56/2007 de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido.

En el año 2009, el CERMI elaboró un informe sobre la accesibilidad de las páginas de Internet de 30 grandes españolas, representativas de los sectores de actividad más relevantes. Los resultados del mismo fueron envidos a cada empresa, requiriendo en su caso la subsanación de las deficiencias de accesibilidad detectadas.

Seis mese después, se efectuó una segunda entrega del informe, para comprobar qué empresas habían introducido mejoras en cuanto a la accesibilidad, tras la comunicación de los primeros resultados. Pasado un tiempo prudencial, se denuncian aquellas páginas que no han avanzado en el mandato legal, pese a las advertencias del sector de la discapacidad sustentadas en informes técnicos solventes. 

Las empresas objeto de denuncia han sido la Corporación RTVE, Grupo Santander, Iberia, Alcampo, Grupo Avanza, Jazztel,  Orange, Endesa y Gas Natural.

La ausencia de condiciones de accesibilidad de las páginas webs públicas y de grandes empresas constituye una infracción administrativa con arreglo al régimen legal de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, aprobado en 2007 y plenamente vigente.

Según esta regulación, la sanción por incumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad puede oscilar entre 30.000 y 90.000 euros de multa.

El CERMI ya ha denunciado por estos mismos motivos a otras entidades públicas y privadas y continuará con estas actuaciones dentro de una campaña para forzar el cumplimiento de las obligaciones legales de accesibilidad por parte de las personas obligadas.   

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