ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

El 70% de las personas con discapacidad en Latinoamérica está desempleada

12.12.2006

• El 82% de la población afectada directa o indirectamente por discapacidad vive bajo el umbral de  la pobreza

 

• El estudio ha sido realizado por la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

El 70% de las personas con discapacidad en Latinoamérica está desempleada. Así se desprende del estudio “Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica”, presentado hoy en Madrid por la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL), y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Este trabajo es fruto del convenio de colaboración firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la FOAL y el CERMI .

 

El estudio también destaca que en Latinoamérica probablemente más de un cuarto de la población total se encuentra afectada directa o indirectamente por situaciones de discapacidad, lo que significa que al menos 50 millones de personas, de las cuales, cerca del 82% vive bajo el umbral de la pobreza, que afecta no sólo a la personas sino a la familia.

 

Al acto de presentación han acudido la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce; la vicepresidenta ejecutiva de la FOAL y consejera general de la ONCE, Ana Peláez Narváez; y la autora del estudio y experta en discapacidad, Pilar Samaniego.

 

En su intervención, Amparo Valcarce ha señalado que luchar contra la discriminación y garantizar la accesibilidad universal deben ser siempre las dos estrategias que muevan las políticas a favor de la discapacidad. Esto ha llevado a que en España “la situación sea extraordinariamente favorable” aunque, ha recordado, que “no en todos los países es igual. Por ello, necesitamos saber más de países como los de América Latina, porque conocer su realidad también nos ayuda a planificar nuestras propias estrategias”.

 

Por su parte, Samaniego ha destacado que “el estudio es una aproximación desde el punto de vista normativo, así como desde la perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias, de los gobiernos a través de sus representantes y de los organismos internacionales vinculados con la temática”. Se centra en los avances que se han dado para situar a la discapacidad “en el lugar que le corresponde: la esfera de los derechos humanos”. El estudio considera los múltiples factores que inciden en esta realidad y los diferentes sectores que, necesariamente, han de intervenir en la búsqueda y consecución de respuestas que demanda el sector de la discapacidad.

 

Algunas de las principales conclusiones del estudio que ha señalado su autora son las siguientes:

 

Los logros más notables se dan en un ordenamiento interno que responde en buena medida al orden internacional establecido en términos de derechos, aunque la dispersión de leyes y el incumplimiento sistemático constituyen un denominador común.

 

La falta de información y la generación de soluciones aisladas crean falsas expectativas y mala utilización de recursos, ya que se observa una superposición de objetivos en los diferentes sistemas (Universal, Iberoamericano e Interamericano). Por eso, urge avanzar hacia soluciones globales, que cada país adopte soluciones y metas nacionales para concretarse en políticas de Estado y acciones intersectoriales.

 

Desde esta perspectiva, el objetivo sería la institucionalización de un orden judicial, independiente de los otros poderes del Estado, que ofrezca cobertura, agilidad y calidad. Se requiere fortalecer mecanismos jurídicos y organizacionales, nacionales e internacionales, para conocer, aplicar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento vigente.

 

El verdadero problema de las personas latinoamericanas con discapacidad, como ha recordado Samaniego, se centra en el triángulo de pobreza, desigualdad y corrupción. Por ello, la cuarta parte de la población latinoamericana demanda una respuesta y la plena transversalidad de la discapacidad en las políticas públicas y en la cooperación para el desarrollo. Es necesaria una inversión social destinada a reducir las disparidades entre los países de la región, así como las desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género. Lo cual es factible únicamente si se logra erradicar la corrupción amparada en la impunidad.

 

Simultáneamente, se deberá, según la autora, “romper con la centralización, urbanización y privatización de los servicios, a partir del diseño, proyección y planificación desde lo local”, valorando lo que se es y lo que se tiene, garantizando procesos de comunicación e información, dotando de oportunidades de capacitación y educación, tejiendo redes de desarrollo comunitario que se proyecten en términos de productividad.

 

La invisibilidad es evidente en la ausencia de la discapacidad en documentos oficiales, por ejemplo, en los Documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza –PRSP, en los informes sobre derechos humanos, en el diseño de políticas públicas y en los acuerdos de cooperación para el desarrollo. Se refleja en las barreras que dificultan el acceso a servicios e impiden su participación; en la reclusión, manipulación y aislamiento informativo; en la utilización de su situación con fines de enriquecimiento o en el logro de espacios de monopolios de poder por parte de terceros, tanto personas como organizaciones.

 

Una forma de concretar las propuestas planteadas es la creación de un Observatorio Iberoamericano de la Discapacidad, conformado por personas con discapacidad o familiares suyos, de reconocida trayectoria en la Región, de probada responsabilidad, compromiso y honestidad; sin vinculación con partidos políticos, para evitar el oportunismo e intereses particulares. Se cuidaría la equidad de género y la  participación por tipo de discapacidad y región. La permanencia del Observatorio estaría supeditada a su capacidad organizativa de gestión y respuesta.

 

Samaniego ha hecho una invitación a ganar la lucha contra la pobreza implementando una estrategia que combine crecimiento económico con desarrollo social y sostenibilidad ambiental, gobernabilidad e institucionalidad con una sociedad civil organizada y fortalecida. “Es luchar por una sociedad solidaria, no solitaria; por calidad y no caridad; por una política y una vivencia inclusivas e incluyentes; por una institucionalidad permanente y responsable”, ha señalado.

 

En el informe, la argumentación, las ideas y los pronunciamientos se articulan en capítulos hilvanados con una metodología deductiva, va de lo general a lo específico. Sin ser exhaustivo, cada capítulo desarrolla desde el análisis cuantitativo y cualitativo el planteamiento de propuestas abiertas al debate y a la discusión que se recogen en el capítulo final por grandes áreas de acción.

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