ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

De la representación a la participación

05.09.2006

 
De la representación a la participación

Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del CERMI Estatal

 

En los últimos años, en el plano europeo y nacional, el interés por potenciar el diálogo y la relación entre las instituciones democráticas de gobierno y la denominada sociedad civil no ha hecho sino aumentar. Existe la convicción generalizada de que no pueden llevarse a cabo políticas acertadas sin escuchar a los ciudadanos, sin la participación activa y el asentimiento de las personas que resultan destinatarias directas de la acción política.
 

Este interés ha podido ir unido a cierta pérdida de confianza o a veces descrédito creciente de los gobiernos y los gobernantes al uso en todas las sociedades democráticas avanzadas y al proceso de mayor protagonismo de la sociedad civil, que busca acceder o crear nuevos espacios para la acción política no partidista.
 

Previo diálogo con los sectores sociales concernidos, las decisiones adoptadas por las instituciones ganan en legitimidad y en credibilidad, pues la ciudadanía no sólo se siente partícipe de la misma, sino que la comprende y la acepta de mejor grado, que si no hubiera participado en modo alguno. Con el diálogo civil, se estimula el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía, que ve los asuntos públicos como propincuos y cercanos, de los que puede llegar a sentirse agente y a veces hasta protagonista.
 

La democracia representativa, la propia de las sociedades europeas, se ensancha y enriquece con la democracia participativa, nueva dimensión que ofrece a la ciudadanía posibilidades efectivas de participación, a título individual o colectivo, en la gestión de los asuntos públicos. La sociedad civil organizada contribuye así a la mejora de la gobernanza y por extensión al perfeccionamiento de las democracias y de sus regímenes políticos.
 

Se configura así, o al menos pugna por definirse, un derecho a participar, de nuevo cuño, que reivindica la sociedad civil, y que no siempre encuentra cauces políticos o jurídicos de expresión o ejercicio, por adolecer nuestros sistemas democráticos representativos de vías para la participación real y efectiva. La participación o el diálogo civil se erigen, pues, en condición necesaria para una buena gobernanza de las instituciones y las sociedades.
 

La democracia participativa no es sólo un anhelo, una convicción o un estado de opinión de buena parte de los elementos más dinámicos de las sociedades europeas, sino que comienza a tener reflejo jurídico, que complementa y extiende la democracia representativa. Así, el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa consagra el principio de democracia participativa en su artículo I-47.
 

Independientemente del albur que corra dicha Constitución -nonata en estos momentos- y las dudas acerca de su entrada en vigor y aplicación efectiva, es un hecho que los Ordenamientos jurídicos -europeos y nacionales- comienzan a conferir estatuto y rango normativos al diálogo civil, lo que necesariamente desplegará efectos de todo tipo.
 

Los Estados y las instituciones europeas deben dotarse de instrumentos que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones en las que se integran debatir, ser consultados e influir efectivamente en la acción pública y en las políticas de los gobiernos y las autoridades, en un contexto de auténtico diálogo civil estructurado con la sociedad civil organizada.
 

Si trasladamos todo a la esfera de la discapacidad, surge el principio de diálogo civil aplicado a las políticas públicas de discapacidad y el correspondiente derecho de participación, todavía difuso en la medida que está por definirse, de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias.

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