ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

CyL. La Junta mejorará el acceso de personas con discapacidad al empleo público con la modificación del decreto que lo regula

25.01.2021

FUENTE: CERMI 

Se rebaja el grado de discapacidad y se evita la petición de un informe de capacidad posterior al examen para acceder al puesto correspondiente

La Junta de Castilla y León pretende mejorar el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad en la Administración mediante la modificación del decreto que lo regula con el fin de captar y retener el talento de estas personas y reducir progresivamente la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad con base en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica.
 
Para ello, la propuesta de modificación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, la provisión de puestos de trabajo y la formación en la Administración de Castilla y León se ha publicado en el Gobierno Abierto del portal de la Junta de Castilla y León para su consulta previa.
 
Esta modificación la han presentado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez.
 
El objetivo que se pretenden alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad.
 
Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública.
 
Ello implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.
 
MEJORA DEL ACCESO
 
Ibáñez ha explicado que había que corregir esta cuestión ya que el establecimiento de algunos requerimientos especiales se marcaba una "nueva brecha" en el acceso de estas personas con discapacidad y se cuestionaba la capacidad para desempeñar el trabajo, algo que determinará ya el propio proceso selectivo.
 
En definitiva, se alinean así con el principio de capacidad y no se requerirá un dictamen adicional tras superar el proceso, se satisface el principio de proporcionalidad y se garantiza el principio de seguridad jurídica con un marco normativo estable y coherente.
 
Además, el consejero de la Presidencia ha concretado otras modificaciones que se proponen en el texto, que suponen una novedad en el mismo.
 
Es el caso del grado reconocido de discapacidad, que se verá modificado y pasará a ser del 65 por ciento en vez del 75 como estaba contemplado hasta el momento y las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo.
 
Además, se pondrá especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio 'Plena Inclusión' en la categoría 'Apoyo en el Puesto de Trabajo'.
 
Tal y como ha explicado Ibáñez, esta modificación del decreto pone de manifiesto que para el Gobierno de Castilla y León, la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanoleoneses es un eje prioritario.
 
El consejero ha asegurado que es un nuevo impulso que suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública. "Queremos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados; por ello no podemos renunciar a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios", ha afirmado.
 
INSERCIÓN LABORAL
 
En la misma línea, Isabel Blanco ha incidido en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad, que supone un 7,4 por ciento de la población, unas 178.000 personas, sobre todo en algunos casos en los que aún es más difícil su acceso a un empleo por el tipo de discapacidad, como por ejemplo las personas con algún problema de salud mental.
 
Al respecto, ha recordado la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual -cuatro mujeres y un hombre- a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
 
Con el proyecto de decreto presentado se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral. En esta tarea colaborarán las consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.
 
Precisamente el presidente de Cermi en Castilla y León, Juan Pérez, ha dado la bienvenida a la modificación del decreto gracias a la colaboración con la Junta, que está dando muchos frutos, y ha agradecido que se haya permitido incorporar la práctica totalidad de sus sugerencias y peticiones.
 
Además, ha incidido en que cada vez hay más sensibilidad para con las personas con discapacidad y ha puesto como ejemplo de ello también que la Administración autonómica contemple una cuota de un 10 por ciento de reserva de plazas para personas con discapacidad, que tienen mayores problemas de empleabilidad, frente al 7 por ciento que se exige legalmente.
 
"Valoramos mucho que sean extraordinariamente sensibles a este valor añadido que dan las personas con discapacidad", ha añadido Pérez, quien ha apuntado que el empleo público es una posibilidad importante para ellos y si el objetivo último y final es la inclusión de las personas con discapacidad éste es uno de los mejores procedimientos.
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