ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

Comunidad Valenciana. "La instalación de un ascensor no puede estar condicionada al coste"

14.01.2021

FUENTE: LEVANTE 

Un 69 % de los valencianos con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de sus casas y más de 15.000 (un 5 %) no lo hacen nunca. Las barreras arquitectónicas de las fincas donde residen les obliga a un confinamiento permanente.
 
Esta es una de las principales conclusiones del estudio «Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio» elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 306.900 valencianos que tienen movilidad reducida.
 
De acuerdo con el informe, un 39 % de este grupo social en la Comunitat Valenciana pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 29 % considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios que no disponen aún de ascensor.
 
La accesibilidad es un principio recogido tanto en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención de la ONU y en el Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana. La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad ya que son los que tiene mayores facilidades para repartir los amplios costes que suponen las obras.
 
Sin límites económicos
 
Y es que la Ley de Propiedad Horizontal no obliga a hacer las obras y pone un límite económico. «Condicionar la obra a un importe máximo de coste de 12 mensualidades de gastos generales de la comunidad supone el incumplimiento de la normativa general porque al final no hay obligación de hacer la obra. Eso debe cambiar. Si una fachada tiene desprendimientos no importa el coste de la obra porque hay que arreglarlo. Pues eso mismo es lo que pedimos desde Cocemfe, que no haya límites económicos para obras tan necesarias», explica a Levante-EMV el técnico de accesibilidad de Cocemfe CV, Eduardo Signes.
 
Por ello, los colectivos piden una reforma en la ley que garantice que las comunidades de vecinos no puedan negarse a realizar obras sobre accesibilidad universal en su edificio cuando sean solicitadas por personas con discapacidad o mayores de 70 años. La propuesta es del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya que aseguran que «en toda España, más de 100.000 personas, con discapacidad y mayores, están permanentemente confinadas en sus viviendas, y no por la pandemia de covid-19, sino por la ‘epidemia de la falta de accesibilidad de las viviendas’.
 
Estas reformas, incluidas las de mayor coste como puede ser la instalación de un ascensor, deben ser obligatorias, al igual que sucede con otros gastos a los que las comunidades de propietarios no pueden negarse por mandato legal.
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