ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

CERMI Castilla y León valora positivamente la modificación del Decreto de Acceso de Personas con Discapacidad al Empleo Público

26.01.2021

FUENTE: CERMI 

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI Castilla y León) valora positivamente la modificación del Decreto de Acceso de Personas con Discapacidad al Empleo Público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León, cuya propuesta fue publicada este lunes en Gobierno Abierto del portal de la Junta de Castilla y León, para su consulta previa. 
 
El objetivo que se pretenden alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que para actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública. 
 
Ello, según explica el Cermi CyL, implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.
 
Durante la presentación del proyecto de decreto, -en la que intervinieron el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez-, Ángel Ibáñez indicó algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo.
 
Entre estas, destacó que el grado reconocido de discapacidad se verá modificado y pasará a ser del 65 % en vez del 75 %, como estaba contemplado hasta el momento; se contemplarán las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; o, en especial, el desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio ‘Plena Inclusión’, en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.
 
Tal y como explicó Ibáñez, esta modificación del decreto pone de manifiesto que, para el Gobierno de Castilla y León, “la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario”. Según afirmó, se trata de “un nuevo impulso que suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública”.
 
“Queremos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados. Por ello, no podemos renunciar a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios”, señaló.
 
En la misma línea, Isabel Blanco incidió en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo de las personas con discapacidad. Al respecto, recordó la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual –cuatro mujeres y un hombre– a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales. 
 
A través del proyecto de decreto presentado este lunes, se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral. En esta tarea colaborarán las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.
 
Por su parte, el presidente del CERMI Castilla y León, Juan Pérez, valoró positivamente esta modificación y la colaboración tan estrecha que ambas consejerías mantienen con CERMI Castilla y León. Para él, la incorporación de las personas con parálisis cerebral y las personas con enfermedad mental como colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, así como la modificación del grado de discapacidad del 75% al 65 % para las personas con discapacidad física o sensorial, “son una demanda histórica del sector que se hace realidad con esta modificación”.
 
  • facebook
  • twitter
  • linked in