ACTUALIDAD el valor de la unidad 3.8 millones de personas con discapacidad, más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos

 

“La Europa que queremos”, campaña del CERMI a favor de un continente inclusivo

05.09.2019

FUENTE: periodistas-es.com

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) continúa con la campaña de toma de conciencia en las redes sociales para visibilizar las demandas de las personas con discapacidad de cara al futuro de la Unión Europea (UE).

Fomentar el acercamiento de la sociedad civil que representa el CERMI a la Unión Europea en torno a la necesidad de una Europa más social; reforzar la relación con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en su condición de plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía europea con discapacidad y de sus familias; defender la ‘Marca España Social’, fruto de la colaboración responsable del tercer sector de la discapacidad y el Gobierno, y difundir el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La campaña “La Europa que queremos”  pone de manifiesto las necesidades aún sin satisfacer de las personas en general, y de las personas con discapacidad en particular, y fija en 2030 la fecha para que se fortalezca la democracia participativa y la ciudadanía ponga de manifiesto cualquier vulneración de derechos humanos.

Reducir la desigualdad, adoptar un sistema equitativo, impulsar una mayor justicia fiscal, un uso sostenible de los recursos naturales, un sistema justo de producción de alimentos, una justicia climática, etc son los principales retos a conseguir.

El incumplimiento de España con sus compromisos internacionales, contrasta con las decisiones de países como Gran Bretaña o Irlanda, un país que, a pesar de sufrir enormes presiones sobre sus presupuestos debido al rescate al que fue sometido, dedica un 0,45% a la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2013. Gran Bretaña y, especialmente Irlanda con una situación similar a la española, demuestran que el cumplimiento de los compromisos con cooperación para el desarrollo depende directamente de la voluntad política de los gobiernos en la defensa de políticas públicas que garantizan los derechos humanos.

Los últimos informes publicados tanto por Cáritas (informe FOESSA) como por UNICEF tampoco dejan bien parada la actuación de nuestro país si hablamos de los niveles de pobreza que sufrimos dentro de casa. Los datos que elabora la Oficina Estadística Europea dejan bien claro que en España casi uno de cada tres niños menores de 18 años, el 29,9%, estaba en 2017 en situación de riesgo de pobreza, mientras que el porcentaje de la UE se sitúa en el 21,4.

Para cumplir la Agenda 2030, Europa debe incluir la discapacidad en los programas europeos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

El objetivo de la discapacidad está basado en tres fundamentos, que son la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pilar Social Europeo.

A la Unión Europea la examinó en 2015 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y apuntó, entre sus observaciones, que la Convención Internacional de la Discapacidad no había permeado todavía lo suficiente en las políticas comunitarias. Tenemos que hacer que eso cambie y que todas las personas con discapacidad nos podamos sentir europeas y acceder a los mismos derechos en igualdad de condiciones.

La necesidad de garantizar cuestiones como la accesibilidad universal en ámbitos como los transportes; la necesidad de luchar contra la discriminación múltiple de las mujeres y niñas con discapacidad; extender el derecho al voto de todas las personas con discapacidad al conjunto de los Estados miembro de la UE; reforzar la atención a las personas migrantes y refugiadas con discapacidad, y la apuesta por una mayor empleabilidad, entre otras cuestiones forma parte del programa que podremos seguir y fomentar bajo las etiquetas mencionadas en las redes sociales todas las personas que afectadas o no por una discapacidad entiendan que los derechos fundamentales de las personas están siendo violados y por tanto aunque son ciudadanos de pleno derecho existen aún diferencias marcadas que los distinguen.

 

 

 

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