MEMORIA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001
CERMI ESTATAL

Aprobada por el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal el 16 de mayo de 2002

I. CONSIDERACIÓN PREVIA

En el Ejercicio 2001, pese a las dificultades habidas, se han seguido produciendo avances y logros, tanto desde un punto de vista global del sector de la discapacidad, como desde el que se circunscribe al propio CERMI Estatal, como plataforma representativa unitaria de este grupo de población, de los que dará una sucinta referencia en esta Memoria de Actividades.

La cohesión y fortaleza del sector de la discapacidad y la claridad de propósitos y la justicia de su acción y sus demandas, deben seguir proporcionándonos energías para seguir avanzando y no renunciar a ninguno de los logros obtenidos, que han de pasar al acervo de conquistas de este grupo de población.

II. AVANCES GENÉRICOS DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD

El primer avance que hay que reseñar ocurrió en el mes de enero y fue la presentación pública, tras años de intenso trabajo, de la Encuesta Nacional sobre Deficiencias, Discapacidad y Estados de Salud de 1999, promovida por la Fundación ONCE, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Después de años (en concreto, desde 1986, fecha de la última y parcial Encuesta) de carecer de información estadística fiable y actualizada sobre la situación de las personas con discapacidad en España, a partir de este año y gracias a esta gran Encuesta impulsada en su origen por la Fundación ONCE, se está en condiciones de acceder a un conocimiento mucho más exacto y detallado de la realidad personal y social de este grupo de población. La Encuesta, cuya explotación continuará aún durante el año 2002, ofrece una radiografía completa y contemporánea de la población discapacitada española, lo que permitirá no sólo mejorar la planificación de las políticas y los programas públicos que se dirigen a estas personas, al aquilatar necesidades y demandas y recursos, sino también acomodar la acción política a la realidad social. La Encuesta arroja datos muy significativos que alteran la composición mental que se tenía de la situación de la discapacidad hasta este momento, producto de una información estadística deficiente. Así, como datos más llamativos, cabe señalar que, según esta Encuesta, en España hay aproximadamente 3,5 millones de personas con discapacidad (1 millón más que los ofrecidos por la Encuesta de 1986), lo que supone un 9% de la población total española. Igualmente, pone de manifiesto otros datos elocuentes y es, por una parte, que el 58% de las personas con discapacidad son mujeres y, por otra parte, que un 60% de los discapacitados españoles son mayores de 65 años. Los datos conocidos hasta ahora no agotan la virtualidad de la Encuesta, que todavía está pendiente de explotación sectorializada y de cruces a medida, lo que contribuirá a conocer con mayor detalle las distintas facetas (tipo de discapacidad, factor de género, empleo, educación, distribución territorial, etc.) de la población discapacitada española.

Además de la Encuesta, otro avance digno de mención viene del mandato del Consejo Europeo de Niza, celebrado en esta ciudad francesa en diciembre de 2000, que supuso la puesta en marcha, en todos los países de la Unión Europea (UE), incluida, pues, España, de un nuevo programa de acción dirigido a conocer y atajar los factores que generan la exclusión social, y que tendrá por tanto efecto sobre las personas con discapacidad. A partir de este mandato, cada Estado miembro redactó y aprobó un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PENAinc), entre cuyos contenidos figuraba un apartado dedicado a la discapacidad. Siguiendo la estela de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo inaugurados por la Consejo de Luxemburgo de 1997, pero con ciertas diferencias, sobre todo en materia de financiación, a partir de este año 2001 los Estados debieron aprobar cada dos años un Plan de Acción en materia de Inclusión Social, en el que han de quedar recogidos una descripción de las situaciones de exclusión, un análisis de las causas de la misma, el repertorio de medidas establecidas para atacarlas o remediarlas existente en cada Estado y, lo que es más importante, una batería de propuestas de acción para el futuro. En España, la redacción de este primer PNAinc correspondió al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) el cual, dando un ejemplo de diálogo civil y coparticipación del sector concernido, consultó la redacción de la parte de discapacidad con el CERMI, como plataforma representativa del movimiento asociativo de discapacitados, y con la Fundación ONCE, como operador de referencia de la discapacidad en nuestro país. Con independencia de los contenidos del Plan y sobre las insuficiencias que presenta en cuanto a acrecer de soporte financiero "ad hoc", sobre los que no corresponde extenderse ahora, es un hecho positivo que la Unión Europea a partir de este año 2001 comience a contar con un nuevo pilar de acción (la lucha contra la exclusión y la pobreza) que afianza la dimensión social de la Unión.

Como es habitual, durante este año se aprobó el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España (PNAE) correspondiente a este Ejercicio, que en su Directriz 7 contiene las medidas dirigidas a promover el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad. A pesar de ciertos aspectos no demasiado novedosos, el Plan recogió diversas medidas propuestas por el CERMI Estatal, entre las que cabe resaltar la inclusión como compromiso del Estado español de la firma de un acuerdo con el sector de la discapacidad en virtud del cual se apruebe un nuevo Plan de Empleo, una vez culminado el de 1997, así como la intensificación de la conexión entre tecnologías de la información y la comunicación y el empleo desde la óptica de las personas con discapacidad. Éste compromiso, como se conoce, no se llevó a efecto, pues durante el ejercicio pasado, por falta de voluntad política del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no se inició el proceso de negociación, por lo que no pudo pasarse a fase de acuerdo.

El 2001 también un año de apertura de nuevos horizontes para el sector de la discapacidad, al haberse abordado realidades hasta ahora escasamente tocadas por la acción política de nuestro grupo de población como, por ejemplo, la atención a la salud y la protección del consumidor con discapacidad, y el acceso a las nuevas tecnologías y a los servicios propios de la sociedad de la información. En esta línea de acción, los representantes de los ciudadanos con discapacidad iniciaron contactos, a finales del año 2000, con el Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de la Nación para explorar campos de interés común y llegar a establecer acuerdos, vías de colaboración en un convenio marco y en los protocolos de desarrollo del anterior que fuesen oportunos, a modo de programa de legislatura, de plan de acción en el ámbito de la promoción de la salud y la protección del consumidor discapacitado. Así, tras el oportuno proceso de negociación política del CERMI Estatal con el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el mes de marzo de 2001, se suscribieron un Convenio Marco cinco Protocolos de Desarrollo, que en suma supusieron un amplio y exhaustivo plan de acción en materia de promoción y atención sanitaria, que, como se ha señalado, constituyen casi un programa de legislatura. A raíz de la firma de este Convenio, se estableció con dicho Ministerio, un canal permanente y fluido de contactos y diálogo continuado, a través de varias Comisiones de Seguimiento, que ha funcionado satisfactoriamente y del que se han ido obteniendo logros en aspectos como la prevención, la sensibilización, la accesibilidad, la atención sanitaria, la promoción laboral, etc.

Análogamente a esta iniciativa en el área sanitaria, se ha procedió también durante el año 2001 al establecimiento de un marco institucional de colaboración en materia de acceso a las nuevas tecnologías y a los servicios de la sociedad de la información por parte de las personas con discapacidad, con la firma de un Convenio general entre el CERMI, la Fundación ONCE, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre otras medidas, las partes firmantes se comprometieron a promover la implantación del concepto de "diseño para todos" en las nuevas tecnologías, para el acceso universal de los usuarios, con independencia de que sean o no discapacitados. El citado Convenio se ha desarrollado desigualmente durante el año 2001, pero al estar concebido como un programa de Legislatura, sus efectos han de ser ponderados a medio plazo.

Otro frente donde, a pesar de estar exclusivamente referido a la discapacidad, pero en el que nuestro movimiento social ha tenido una activa participación y del que se están derivando algunos avances es el relacionado con el sector social, es decir, el que forman las personas y entidades que trabajan por el avance de la sociedad y por la extensión de la igualdad, la justicia y la solidaridad entre todos los grupos humanos, especialmente aquellos en riesgo de relegación o marginación sociales. Así, compromisos como la creación del Consejo Estatal de ONG´s Sociales, el proceso para la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Asociaciones, el anuncio de futuros proyectos de reforma del régimen de las fundaciones, tanto desde el punto de vista sustantivo como fiscal, vieron durante el año 2001 avances significativos al menos, en el plano teórico. A pesar de que objetivamente estas medidas son positivas, desde el CERMI se ha estado muy atento a estos procesos para que no supongan retrocesos o perjuicios para el sector social en su conjunto o para la entidad social en particular, pues se estaría burlando de manera muy grave las esperanzas de muchas personas.

III. RELACIONES INSTITUCIONALES

La capacidad de interlocución del CERMI Estatal y su carácter de referente de la discapacidad en el ámbito estatal, se pone de manifiesto en las relaciones y contactos institucionales mantenidos durante el año 2001, a los que se les dio traslado de la realidad de la discapacidad y de las necesidades y demandas de este sector de población.

A título de ejemplo, se reseñan algunos de los contactos producidos durante el año 2001:

En el ámbito político:

IV. ARTICULACIÓN DEL SECTOR, REFORZAMIENTO INTERNO E INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL DEL PROPIO CERMI.

En el período al que se refiere esta Memoria de Actividades, el año 2001, la cohesión del movimiento asociativo de personas con discapacidad representando por el CERMI Estatal ha continuado fortaleciéndose, hecho que se refleja en la última ampliación de esta entidad, que pasó a contar durante ese año con 27 organizaciones asociadas, tras la incorporación de varios CERMIS autonómicos (CORMÍN Navarra, CERMI Ceuta y CERMI Melilla), con lo que se completa casi en su totalidad la actual configuración autonómica del territorio español.

Además, el CERMI ha experimentado durante este período la renovación del cargo de Secretario General, producido en octubre de 2001, que pasó a desempeñar Antonio Millán Moya, en sustitución de Rafael de Lorenzo, quien puso su responsabilidad directiva a disposición del Comité Ejecutivo del CERMI, tras varios años de desempeño de la misma. Esta renovación directiva se realizó en un clima de cohesión, colaboración y confianza, que redundó en un fortalecimiento de la unidad interna del CERMI Estatal. El CERMI supo afrontar y superar con éxito circunstancias complicadas, lo que indica el grado de madurez y consolidación de la Entidad.

En materia de interlocución institucional, hay que referirse dos cuestiones sintomáticas de un debilitamiento de las relaciones con algunas instancias oficiales, debidas a una menor voluntad política de tener en cuenta al sector de la discapacidad. La primera es la relativa a la exclusión unilateral de las organizaciones de personas con discapacidad del Real Patronato sobre Discapacidad, producto de la reforma acometida de este Organismo por el Gobierno de la Nación mediante la adopción del Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto (publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 7 de septiembre de 2001), por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad. Dicha norma, en cuya elaboración y contenido no participó el CERMI, no fue consultado el CERMI Estatal, no obstante aglutinar a la inmensa mayoría de las organizaciones representativas de discapacitados, optando por excluir, injustificadamente a nuestro juicio, a las entidades de discapacitados, tras 25 años de presencia constante y activa, en el Real Patronato. Resulta, igualmente, difícilmente entendible que un organismo público dirigido a la atención y promoción de la discapacidad, pueda configurarse sin contar con la presencia y la opinión directa y permanente de las organizaciones representativas de las personas que son las destinatarias naturales de su acción, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Otro elemento de preocupación durante el año 2001, fue la paralización absoluta de la actividad del Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, que desde noviembre de 2000, no ha vuelto a mantener ninguna reunión ni ha desarrollado ningún tipo de actuación, propuesta y estudio. A raíz del escándalo protagonizado por ANDE y por su Presidente Fernando Martín, Vocal de este Consejo y acusado e investigado por gravísimas irregularidades, el CERMI pidió al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la separación de esta persona para poder mantener así el clima de normalidad necesario para desarrollar sus funciones. Este hecho que no se ha producido hasta el momento, por lo que el CERMI no ha vuelto a participar en este foro.

V. ACTIVIDAD EN LA ESFERA EUROPEA.

La vocación europeísta del CERMI Estatal se traduce en la participación activa de la Entidad, representando a España, en el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, en sus siglas inglesas) la plataforma representativa de los 40 millones de ciudadanos europeos con discapacidad, compuesta por los consejos nacionales de cada Estado miembro y las organizaciones no gubernamentales de la discapacidad de carácter europeo más destacadas.

A lo largo del año 2001, se ha mantenido la activa implicación del CERMI Estatal en las actividades generales del EDF, participando en sus reuniones y asambleas, se ha desempeñado, desde mayo, la Secretaría del Comité de Consejos Nacionales de Países del Sur de Europa, y se programaron visitas institucionales del sector a las instituciones comunitarias.

Como acción más destacada del período, se preparó concienzudamente la agenda de actividades relacionadas con la discapacidad para la Presidencia Española de la Unión Europea, programada para el primer semestre de 2002; asimismo, se desplegó una importante labor de presión, ante el Gobierno Español, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para que se consiguiera, como finalmente ocurrió, la declaración oficial de 2003 como Año Europeo de las Personas con Discapacidad.

VI. CAMBIO DE DOMICILIO.

En el año 2001, el CERMI Estatal procedió al cambio de domicilio oficial, pasando a disponer, por vez primera, de una sede propia, situada en un lugar estratégico, que ha facilitado y facilitará enormemente las tareas de gestión y administrativas, ayudando también a fortalecer la imagen institucional de la Entidad.

VII. OTRAS ACTIVIDADES.

A lo largo del año 2001, el CERMI ha desplegado otras actividades dirigidas al servicio de sus Organizaciones miembro y de todo el sector de la discapacidad. Estas actuaciones han sido tanto de mejora de la proyección y relación con la sociedad, como, por otro lado, la realización de jornadas y seminarios, consagrados a asuntos específicos, de ámbito español y europeo. Entre estas últimas actividades, cabe destacar los siguientes:

Mayo, 2002.