La regulación normativa se encuentra en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994; Concretamente es el artículo 24 que tiene como epígrafe, significativo, arrendatarios con “minusvalía”.
El arrendatario podrá, previa notificación por escrito al arrendador, realizar obras en la vivienda necesarias para su desenvolvimiento y utilización como persona con discapacidad o bien si la discapacidad es de su cónyuge, o de la persona con la que conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, independientemente de su orientación sexual o la de los familiares que convivan con él.
La comunicación, por escrito, es recomendable realizarla de forma fehaciente y aportar la calificación de “minusvalía” de la persona y si no es el arrendatario, certificación de empadronamiento de la persona y certificación de registro de parejas de hecho si procede o existiese.
Al margen de la obligación de comunicar por el arrendatario, sólo existe una más y es que a la finalización del contrato deberá reponer a su estado anterior la vivienda si lo exigiese el arrendador.
Este derecho de carácter irrenunciable se puede hacer efectivo, como se desprende de la norma de forma inmediata y tan solo con una mera comunicación y no existe posibilidad de negativa por el arrendador. Por supuesto, el coste de la adecuación y su reposición corre a cargo del arrendatario.