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Cada vez que a una persona con síndrome de Down se la incapacita judicialmente “asistimos a su muerte civil”

19/11/2012

FUENTE: SERVIMEDIA

Así lo afirma el presidente de DOWN ESPAÑA, Fabián Cámara, quien asegura que “mientras nuestros sistemas sigan sin adaptarse a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no estaremos respetando los derechos de estas personas”.

Según el presidente de DOWN ESPAÑA, Fabián Cámara, “cada vez que a una persona con síndrome de Down se la incapacita judicialmente asistimos a la muerte civil de esa persona”. Para él, “cuando se le impide votar, le estamos privando de su ciudadanía”.

Así lo afirma en la entrevista concedida en el número 55 de  del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Actos como la negación del voto, la incapacitación o el aborto eugenésico son algunas de las “líneas rojas” que, para el presidente de DOWN ESPAÑA, se siguen trasgrediendo en lo que a los derechos de las personas con discapacidad se refiere.

“Siguen ocurriendo casos de vulneración de derechos, aunque cada vez en menor medida, hacia las personas con discapacidad”, pero “lo paradójico es que las mayores discriminaciones sigan viniendo del propio sistema”.  Para él, “se han sobrepasado todas las líneas que resquebrajan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.

En este sentido, explica Cámara, mientras nuestros sistemas administrativo, legal y jurídico no se adapten “totalmente” a lo recogido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “no estaremos respetando los derechos fundamentales de estas personas”.

Al ser peguntado directamente por el supuesto actual de aborto en casos de discapacidad en el feto, Cámara ha explicado que la opinión de la entidad que preside responde a que “la actual ampliación del plazo para el aborto en casos de discapacidad supone una clara discriminación hacia el no nacido con discapacidad”. En este sentido, indica que desde DOWN ESPAÑA siguen trabajando en que mujer y familia reciban una información por parte de médicos y ginecólogos “veraz, actualizada y adaptada a la realidad de las personas con síndrome de Down”.

Por otro lado, y en lo que respecta a la difícil situación económica que atraviesa el Tercer Sector, Cámara afirma que una de las principales preocupaciones de DOWN ESPAÑA es la búsqueda de una financiación que permita mantener su estructura y así “seguir desarrollando  programas que mejoren la calidad de vida de las personas con síndrome de Down”.

En este mismo aspecto económico, destaca que la educación inclusiva no corre tanto peligro por los recortes económicos, sino más bien por “el tratamiento que le da o, mejor dicho, que no le da, el actual proyecto de Ley de Educación (LOMCE)”. “La educación inclusiva parte del principio de que es la institución escolar la que debe adaptarse al alumnado, y no al revés, como sucede en el modelo actual”, explica.

Para Cámara, aunque la percepción social del síndrome de Down ha avanzado muy significativamente en los últimos 20 años, “todavía pervive en una parte de la sociedad la visión estereotipada del eterno niño cariñoso y afable que no se entera de nada”. Según explica, la formación a las familias y el fomento del libre desarrollo y expresión de las personas con síndrome de Down siguen siendo “ejes centrales” del trabajo de esta Institución, encaminados a fomentar la conciencia “sobre la importancia de evitar la sobreprotección y trabajar la autonomía, consiguiendo, de esa forma, que la persona con síndrome de Down pueda gestionar y ser dueña de su propia vida”.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.  

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"3.8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos"
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