Propone la creación de un fondo extraordinario de 100 millones de euros para la estabilidad del empleo en los Centros Especiales de Empleo.
Incremento de las ayudas y bonificaciones por nuevas contrataciones y para el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes.
Mejorar ayudas a trabajadores autónomos con discapacidad, incrementándolas del 50% al 75%, en el caso de hombres, y al 90% en el caso de mujeres.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido hoy en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para exponer las medidas de reactivación del empleo para las personas con discapacidad para que se tengan en cuenta en la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo.
Pérez Bueno ha centrado su exposición en dos ámbitos, el empleo ordinario y el protegido. De este último, ha alertado de que “la actual crisis está azotando específicamente la actividad de los Centros Especiales de Empleo (CEE)”, cuya plantilla de trabajadores está formada por el 70% de personas con discapacidad.
Algunos de los datos expuestos muestran que el 60% de los CEE han reducido su facturación durante el primer trimestre de 2009 en más de un 20% y el riesgo de destrucción de empleo afecta al 50%. Además, según previsiones de la Federación Empresarial Española de Asociación de Centros Especiales de Empleo (Feacem), el número de contratos formalizados “ha descendido en cantidades muy alarmantes” y ya han surgido EREs temporales dentro de los CEE que conforman esta Federación Empresarial.
Por todo esto, el presidente del CERMI ha propuesto medidas para el empleo protegido como la creación de un fondo extraordinario de 100 millones de euros para la estabilidad del empleo en estos centros; elevar la ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo del 50% del Salario Mínimo al 75%; y subir también la ayuda por creación de nuevo puesto de trabajo para persona con discapacidad, “congelada desde el año 1985, en 12.000 euros”.
También ha propuesto a los diputados de la Cámara Baja que trasladen al Gobierno la petición para que ponga en práctica en la Administración General del Estado un Plan transversal de Compras Socialmente Responsables, para favorecer la contratación pública con CEE, así como con empresas que cumplan la reserva legal de empleo del 2% de personas con discapacidad.
Las medidas no normativas planteadas han sido la mejora de la financiación a través de iniciativas con el ICO, la agilización de las ayudas y subvenciones por parte de las Administraciones y la flexibilización en la gestión de partidas presupuestarias, para que los fondos para la creación de empleo puedan ser trasferidos al mantenimiento de los puestos ya existentes.
En el ámbito del empleo ordinario, Pérez Bueno ha pedido modificar la Ley 42/2006 para solventar los problemas de pérdida de bonificaciones por variaciones en la situación contractual de trabajadores con discapacidad; incrementar la cuantía de las bonificaciones, entre un 20 y un 30%, en función del tipo de trabajador; y establecer la presunción de contratación laboral de las personas con discapacidad que convivan con el familiar empresario.
Asimismo, en cuanto al régimen de ayudas para trabajadores autónomos con discapacidad, el presidente del CERMI ha pedido mejorar la bonificación, incrementándola del 50% al 75%, en el caso de hombres, y al 90% en el caso de mujeres; aplicar esta bonificación sobre la base de cotización que realmente se aplique y no solo sobre la mínima; y hacerla indefinida, no limitada a cinco años como ahora, para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos.
Para terminar, Pérez Bueno ha recordado que “estas medidas suponen una inversión más que un gasto” y son necesarias para “continuar la tendencia de los últimos 10 años encaminada a incrementar el número de trabajadores con discapacidad”.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.