Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), animó hoy a las Administraciones y a las empresas a aprovechar el potencial de la contratación pública para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad.
En un seminario organizado por la Fundación ONCE, celebrado hoy en Madrid y dedicado a analizar la dimensión social de la contratación pública tras la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Luis Cayo señaló que “de unos años a esta parte la contratación pública ha ampliado su ámbito propio de actuación –la adquisición eficiente de bienes, productos y servicios destinados al sector público-, sumando nuevas dimensiones, que intensifican otro tipo de políticas como las de igualdad e inclusión de las personas con discapacidad”.
Para el representante del CERMI, la dimensión social de la contratación pública no es ya una aspiración, un anhelo o una mera disquisición académica, sino que es una realidad jurídica, pues así ha quedado configurada en las Directivas europeas aprobadas en 2004 y en la nueva Ley española de Contratos del Sector Público de 2007, que entró en vigor en 2008.
Estas normas de Derecho Positivo, en cuya elaboración el CERMI tuvo una labor de incidencia relevante, recogen ya esta dimensión social de la contratación pública, aunque de un modo mucho más tímido del que hubiera gustado a algunos movimientos sociales, como el de la discapacidad.
No obstante, aseguró Luis Cayo, “son un principio, una base de la que partir, que nos permitirá avanzar en la contratación pública como herramienta también de inclusión y cohesión sociales”.
Finalmente, el responsable del CERMI indicó que aquellas compañías que por responsabilidad legal y por responsabilidad social asuman con naturalidad variables con la atención a la diversidad, la inclusión laboral de las personas con discapacidad o la accesibilidad y el diseño para todos en sus bienes, productos y servicios, estarán mejor situadas, serán más competitivas y podrán aprovechar más la capacidad de compra del sector público.